El legislador recordó que, cuando se realiza las contrataciones de nueva energía en el mercado internacional, el precio se aproxima a USD 1 millón por cada megavatio de generación, mientras que los generadores usados se avalúan en cerca de USD 500 mil. «Lo que está adquiriendo el Estado ecuatoriano es a precio de generador nuevo, siendo usado», indicó.
Según Barreto, en la propuesta que hizo la empresa Progen a Electroguayas, se explicó que los modelos de generadores que se iban a vender eran nuevos, sin embargo, al consultar a la empresa autorizada para comercializar los generadores, se certificó que Progen no está autorizada para realizar ventas en Ecuador ni en Latinoamérica. Los modelos de los generadores a adquirirse dejaron de ser ensamblados en 2015. «En el mejor de los casos, estos generadores tienen nueve años», alertó.
Esta y otras irregularidades encendieron las alertas, dijo Barreto, además de que se cambió el administrador de contrato en Esmeraldas, y existirían presiones para otros cambios, porque algunos se resisten a pagar el pago del anticipo, ya que esto implicaría un perjuicio al Estado ecuatoriano y podrían configurarse algunos delitos, como peculado, delincuencia organizada, tráfico de influencias y sobreprecios.
En el caso de la generación de Esmeraldas, se quiere hacer la visita técnica a los generadores, de forma telemática. Por ello, Barreto cuestionó: «¿Cómo se va a certificar el estado de estos equipos de esta modalidad? Eso es imposible». Aunque reconoció que sí cuenta con información de CELEC, pero la preocupación persiste por la disposición del Ejecutivo a que sus funcionarios no asistan a comparecer ante las autoridades legislativas.
Aunque existe desconfianza en la Fiscalía, dijo Barreto, se debe cumplir el proceso para que las autoridades cumplan su función y no se perjudique al Estado ecuatoriano.
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