Benalcázar consideró adecuada la decisión de enviar un nuevo proyecto de ley para que se permita ampliar el techo de producción energética al sector privado, de 10 megavatios (MW) a 100 MW. Recordó que esa limitante, establecida en la Ley conocida como «No Más Apagones», era un gran problema, pues cualquier proyecto que superaba el límite establecido, estaba sujeto a procesos públicos de selección.
Esto daba paso a que los inversionistas privados interesados en algún proyecto deban invertir millonarios fondos para luego ingresar a un concurso, donde existía la posibilidad de que no sea contratado. «Hay muchos intereses, información que se filtra y todo puede pasar», acotó.
En este sentido, resaltó que la decisión del primer mandatario podrá contribuir a la solución de la crisis energética. Según Benalcázar, los proyectos eléctricos en Ecuador difícilmente, a escala de inversión privada, superan los 100 MW. «Al momento hay proyectos de entre 40 MW y 70 MW que ya están encaminándose con todos los riesgos; son estos proyectos los que podrían dar esa tranquilidad para nosotros los ecuatorianos», apuntó.
Al momento, el proyecto hidroeléctrico Santiago es quizás el más importante, según Benalcázar, seguido del Cardenillo. A su criterio, estos proyectos sí deben tener una participación formal del Estado, debido a su magnitud, y por las garantías que buscarían los inversionistas interesados.
También reconoció que la inversión privada no llegará con la sola aprobación de la Ley enviada por Noboa, pero es un primer paso para que se pueda dar seguridad jurídica para que el sector privado vuelque sus ojos a los proyectos estatales y pueda ser el inicio de la salida de la crisis energética.
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