Nájera explicó que las fricciones con el resto de consejeros se dan por no comulgar con sus intereses «partidistas y coyunturales», que los ha denunciado desde hace más de tres años.
Uno de estos casos sería el del consejero José Cabrera, que, supuestamente, estaría alineado con el Partido Social Cristiano (PSC).
La consejera afirmó que existe un «reparto» a la interna del CNE «desde hace rato». «Lo que el consejero Enrique Pita venía denunciando con Luis Verdesoto, que no se permitía un control cruzado, ahora él es parte de este reparto», aseguró Nájera, y denunció que a Pita, actual vicepresidente de la institución, le corresponden provincias como Manabí, donde el director provincial electoral es puesto por él.
Nájera también denunció que Kar Atamaint Wamputsar, hermano de Diana Atamaint, presidenta del CNE, se desempeña como Encargado de las Funciones Consulares de la Agencia Consular del Ecuador, en Queens, Estados Unidos. A su criterio, la titular de la institución debería solicitar a su hermano que deje el cargo, para que no se ponga en duda la transparencia de las elecciones de febrero de 2025.
«¿Cuál era la relación? ¿Había un nivel de amistad entre el hermano de la Presidenta con el Presidente de la República?», cuestionó Nájera, y alertó que estas circunstancias podrían poner en riesgo la legitimidad de este proceso.
Por otro lado, adelantó que su voto será a favor de que el presidente Daniel Noboa pida licencia para la campaña electoral, de cara a los próximos comicios. «Hay dos consejeros que no se han pronunciado al respecto, ese es un tema de simplemente leer el texto de la ley», acotó.
Alertó que existen preocupaciones respecto del control de tres consejeros (no detallo cuáles) sobre áreas como la de sistemas. «Ahí hay un sistema que no ha tenido auditorías; quedó en el aire un supuesto centro paralelo donde se procesaban actas. Allí se ha quedado en la simple denuncia», criticó.
Retiro de seguridad policial
Nájera denunció que, de forma arbitraria, fue retirada la custodia policial que le correspondía desde hace ocho meses. Esta semana, el sargento encargado del dispositivo le remitió un documento donde se explica que no podría seguir prestando ese servicio. «Soy una autoridad electoral; debían notificarme esta decisión», puntualizó.
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