Portilla consideró que los tentáculos de la corrupción en el sistema judicial han tocado este caso, y alertó que existen influencias para lograr que el mismo quede en la impunidad. Explicó que el informe pericial, emitido tras la exhumación del cuerpo de la subteniente, no puede reemplazar el resultado de la autopsia realizada dentro de las primeras 24 después del fallecimiento.
En ese examen forense, recordó Portilla, se evidenció que existieron lesiones en su cuerpo y genitales, así como una «asfixia mecánica» y politraumatismos. Ahora, en la exhumación del cadáver, se establece que la causa del fallecimiento de Ati fue por un edema pulmonar por intoxicación, lo que, a criterio de Portilla, se configura como un delito de fraude procesal.
«Tres exámenes médicos no pueden ser dados de baja por una exhumación tardía, donde dice que por el grado de alcoholismo se ha asfixiado; eso se llama fraude procesal», acotó.
Con esto, lamentó Portilla, los militares implicados en este caso deberán quedar libres de culpa y se cerraría el caso, dejando así este presunto femicidio en la impunidad. Lo que queda, insistió el abogado, es poner una denuncia por fraude procesal, en contra de los fiscales de Quito y de Orellana, «porque en la forma más ilegal están induciendo al engaño y cambiando las pruebas».
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