El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) aceptó las impugnaciones a la candidatura a la Presidencia de la República de Jan Topic y lo dejó fuera de las elecciones. En NotiMundo al Día, Ramiro García, abogado penalista, consideró que las actuaciones del Gobierno, así como del TCE, dan cuenta de la vulneración a los derechos políticos.

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Descalificación de la candidatura presidencial de Jan Topic

Respecto de la resolución del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), que dejó fuera de las elecciones al candidato de SUMA, Jan Topic, García manifestó su preocupación frente a la vulneración de sus derechos políticos y de los derechos democráticos de la ciudadanía. «Están comiéndose nuestra estructura democrática; se está queriendo matar políticamente a los contendientes para jugar en cancha sola», criticó.

Añadió que el TCE se ha convertido en una estructura «perversa» para la democracia y consideró que el afectado debería defenderse vía acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional.

Suspensión a Verónica Abad por 150 días

Opinó que lo mismo ocurre con la suspensión de la vicepresidenta Verónica Abad. García recordó que ni el presidente ni el vicepresidente de la República están sometidos disciplinariamente a la LOSEP, que está normado en la Constitución. «Se está queriendo aplicar una sanción administrativa por parte de una subordinada a la Vicepresidenta, que ha llevado a cabo este sumario administrativo que no tiene ni pies ni cabeza», puntualizó.

Ley para combatir el lavado de Activos

Poco después de enviar a la Asamblea Nacional el proyecto urgente de Ley Orgánica para la Mejora Recaudatoria a través del Combate al Lavado de Activos, el presidente Daniel Noboa lo retiró para eliminar el la eliminación del Impuesto Único Vehicular, para evitar «pretextos» en su trámite legislativo.

Para García, este proyecto de Ley resultó una especie de «caballo de Troya«, debido al impuesto vehícular que venía incluido y que generó muchos cuestionamientos al Gobierno. Explicó que este tributo no iba dirigido a quienes compraban un nuevo vehículo, sino a todos quienes tengan uno. «¿Qué combate al lavado de activos se hace creando un impuesto a la propiedad de vehículos? Eso no tiene ningún sentido», manifestó.

Según García, el intento de pasar un nuevo impuesto a la ciudadanía fue contraproducente, pues esa habría sido la parte medular del proyecto de Ley. Precisó que un verdadero combate al delito de lavado de activos se lo hace con controles más estrictos, porque, aunque es cierto que el mercado de vehículos de alta gama se prestan para este delito, pero insistió en que esto no se combate a través de un impuesto.

Respecto de otro punto del proyecto, sobre el fortalecimiento de la Unidad de Análisis Financiedo (UAFE), García recordó que la principal sede de lavado de activos es la banca, y no precisamente porque esté asociada con actividades ilícitas, sino por la dificultad que representa controlar la cantidad de dinero y activos que ingresan al sistema financiero, producto del narcotráfico.

En este sentido, el control debería ser más estricto desde el sistema financiero, no solo de los bancos, sino de cooperativas de ahorro y crédito. Por ello, añadió, se debería fortalecer el control institucional en la UAFE, pero para ello no se requiere proyectos de ley, sino «voluntad política y meterle presupuesto».

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