La sesión No. 983 del Pleno de la Asamblea Nacional, donde se debía tratar el proyecto de Código Orgánico de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (COPINNA), fue suspendida, sin que se conozca una fecha de reanudación. En NotiMundo al Día, Pierina Correa, presidenta de la Comisión de Protección Integral a Niñas, Niños y Adolescentes, consideró que las acciones postdelito, como el incremento de penas, no son tan efectivas como las medidas preventivas para evitar que la juventud caiga en manos del crimen organizado.

Foto: Archivo / Asamblea Nacional

Correa recordó que Ecuador es parte firmante y ratificante de la Convención de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es la más apoyada en el mundo. Esto signifca que el país está obligado a incorporar las recomendaciones y disposiciones en la legislación nacional.

En cuanto al proyecto del Copinna, Correa explicó que contiene cuatro libros: principios, derechos y garantías; derechos de las niñas, niños y adolescentes en sus relaciones de familia; del sistema nacional descentralizado de protección integral de niñez y adolescencia; y, el subsistema de responsabilidad penal de adolescentes.

A este último lo calificó como el más sensible, pues es el que ha generado el mayor debate entre los legisladores y otros sectores de la sociedad. A su criterio, el crimen organizado no se combate juzgando a los niños como adultos ni apresándolos. La asambleísta aclaró que en el informe se  mantiene en 14 años la edad de imputabilidad a quienes cometan delitos. «No es que no ocurre nada para ese grupo etario; se los detiene, se los juzga, condena, sentencia e institucionaliza en función del delito cometido», precisó.

Según informes comité de derechos de niños, añadió Correa, mientras menos contacto tengan los menores de edad con el sistema penal es más probable recuperarlos, por lo que se sugieren acciones como la desjudicialización, para hacer procesos más cortos para delitos que tengan una pena máxima de 5 años. Recordó que los menores sí pueden ser condenados entre 4 y 8 años de reclusión, pero no en cárceles convencionales, sino en centros de adolescentes infractores.

En este sentido, Correa explicó que se debe trabajar desde los distintos niveles de gobierno, inversión social y colaboración de la sociedad civil, para prevenir el cometimiento de delitos, y no con acciones post delito. «No estoy defendiendo el delito, pero el tratamiento es lo que difiere», acotó.

A su criterio, es indispensable que todos los asambleístas lean el proyecto, que contiene más de 800 artículos, para que no se posicionen narrativas que beneficien a uno u otro sector político, sino que se busque un mejor futuro para los menores del país.

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