Garzón recordó que el procedimiento parlamentario establece recibir a todo el frente de Seguridad, considerando que el proyecto legislativo viene del presidente de la República. Incluso, dijo, a la sesión del lunes, 2 de diciembre, fue convocado el propio Daniel Noboa, pero en su lugar asistió el secretario jurídico de la Presidencia.
La comparecencia del delegado del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES) y del comandante General de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), se hizo bajo reserva. Garzón señaló que de la sesión le quedaron algunas preocupaciones, respecto a la falta de claridad alrededor de la propuesta, más allá que el objetivo de luchar contra la ola de delincuencia que afronta el Ecuador.
«No hay ninguna certeza de ningún país que tuviera la intención de llegar al nuestro con un contingente de milicia, ni tampoco sobre los controles que se harían si llega a aprobarse el tema», manifestó la legisladora.
Otra de las preocupaciones surge por la falta de relación entre los distintos voceros del Estado, dijo Garzón, pues el comandante general de la Policía, Víctor Zárate, negó en la Comisión que existan 2.000 hectáreas de plantaciones de coca, como lo aseguró el presidente Daniel Noboa semanas atrás, en cadena nacional.
La asambleísta precisó que durante la sesión se abordaron necesidades de apoyo y coordinación en temas de armamento, inteligencia y logística. Añadió que, con base a la norma actual vigente, se puede avanzar en convenios para luchar contra la inseguridad. Garzón adelantó que es posible que la actual asamblea no llegue a aprobar la reforma, por los tiempos.
La vacancia legislativa será uno de los hitos en el calendario que pospongan el tratamiento, dijo Garzón, pero anunció que el informe para primer debate sería aprobado a finales de diciembre de 2024. Esto si es que el calendario de comparecencias se ha cumplido en el orden programado.
Una vez aprobado el texto del primer debate corren 90 días inamovibles, añadió la legisladora, para después enviar el proyecto a la Corte Constitucional, la cual también tiene un tiempo para su pronunciamiento. En caso de que la Corte dé luz verde, hay 45 días para el llamado del Consejo Nacional Electoral (CNE) para que la ciudadanía se pronuncie en las urnas.
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