Moreno señaló que la resistencia en Napo no se da únicamente por el proyecto de la construcción de la mega cárcel que impulsa el Gobierno, sino por diversas problemáticas que acarrea la provincia, como el pedido que se ha hecho por 4 años para la declaratoria de emergencia ambiental y el estado de excepción focalizado en la minería.
Sin embargo, de parte del Ejecutivo, no se ha dado respuestas para enfrentar esta problemática, que pone en riesgo el medio ambiente y la salud de las poblaciones aledañas a las zonas donde se desarrolla esta actividad. Otro punto que tampoco ha tenido intervención de parte del Estado es la red vial que conecta a la provincia con el resto del país, lamentó Moreno.
Ahora, con el proyecto de la nueva cárcel en Archidona se han violado nuevamente una serie de derechos, como los de más de 5.000 alumnos que se encuentran en la zona de influencia del centro penitenciario, denunció el activista. En este sentido, defendió las acciones emprendidas desde la ciudadanía, en rechazo a lo que consideran una falta de comunicación del Gobierno y de haber tenido «escondido» el proyecto, sin la debida socialización que amerita una obra de esta envergadura.
Moreno detalló que se han mantenido diversas reuniones, una de ellas con la asambleísta Sandra Rueda, presidenta del Bloque Parlamentario Amazónico, donde se solicitó la ayuda desde el primer poder del Estado para frenar la ejecución de la mega cárcel. En este sentido, insistió en que la situación es «bastante compleja», pues desde la ciudadanía se dio una propuesta para que se ejecute en el sector de La Mica, en el páramo de Papallacta, por estar ubicado lejos de la población, sin embargo, esto no fue aceptado por las autoridades de Gobierno.
En este sentido, ratificó que parte de las resoluciones son continuar con la resistencia y evitar la construcción de la cárcel. «Si el Gobierno no suspende su proyecto, el pueblo mantendrá la resistencia», puntualizó.
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