Un total de 34 profesionales del Derecho y las Ciencias Políticas manifestaron su rechazo y preocupación por la “continua y sistemática inobservancia de la Constitución y las leyes” por parte del Gobierno. En NotiMundo al Día, Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), cuestionó que las prácticas autoritarias se aplaudan desde un sector de la sociedad, y con esto se evidencie un “accionar conveniente y poco coherente”.

Daniel Noboa, durante un evento en el Palacio de Carondelet, el 05 de enero de 2025, día en que se inició la campaña electoral en Ecuador. Foto: Presidencia

Tanto las autoridades como los ciudadanos están en la obligación de cumplir la Constitución y las leyes vigentes, señaló Mauricio Alarcón, respecto de las últimas decisiones del Ejecutivo.

Acotó que la normativa es clara y no tiene lugar a interpretaciones, por lo que seguir debatiendo si cabe o no una licencia para el período de campaña electoral es infructuoso. «Lo que se está haciendo es un pronunciamiento a conveniencia en función de los intereses particulares», dijo Alarcón, en rechazo a la postura que defiende el Gobierno, de que Daniel Noboa no estaba en la obligación de solicitar licencia sin remuneración.

También cuestionó el hecho de que Ecuador tenga al momento dos vicepresidentas, y que esto se esté avalando en función de simpatías o antipatías con una personas. Además, rechazó que las prácticas autoritarias del régimen sean aplaudidas por un sector de la sociedad, aunque si eso ocurriera con otra tienda política que no sea la de Noboa existirían distintas acciones para poner un freno.

«Parece que el autoritarismo no nos caía mal, sino quien lo ejercía en determinado momento», cuestionó Alarcón. Por otro lado, consideró que no existe un supuesto golpe de Estado gestándose desde la Asamblea Nacional, pero esa teoría tomó fuerza con «analistas y medios de comunicación pautados».

En cuanto a la situación de la vicepresidenta Verónica Abad, indicó que no existe un abandono del cargo, pues no se configuran las causales, y que, por ende, no es posible nombrar a un reemplazo vía Decreto. Alarcón también insistió en que la reforma al Código de la Democracia, realizada en 2020, buscaba precisamente que no exista una ventaja de quien ejerce el poder por sobre otros candidatos, por lo que es obligatoria la licencia para las autoridades que buscan la reelección.

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