López destacó que el objetivo de la reforma es contribuir al ordenamiento de la ciudad y al mismo tiempo luchar contra la corrupción que se generaba por parte de ciertos elementos de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) y los operadores de las grúas.
Desde este 2025, explicó la concejal, las multas para quienes incumplan con la restricción de circulación vehicular será:
Primera vez: 15% de un Salario Básico Unificado (SBU), equivalente a USD 70.50.
Segunda vez: 30% del SBU (USD 141)
Tercera vez: 50% del SBU (USD 235)
López precisó que durante el proceso reformatorio de la ordenanza, se ejecutaron varios estudios, donde se evidenció que el 96% de quienes circulan por la ciudad cumplen con el Pico y Placa, sin embargo, ese 4% restante persiste en el incumplimiento. «Esto representa más o menos 54 autos que se retenían diariamente», acotó.
Añadió el vehículo ya no podrá ser retenido y que, dentro del reglamento para la ordenanza, se contempla el pago con trabajo comunitario. Esto en el caso de que el infractor no cuente con los recursos económicos para el pago de la multa. Los trabajos van desde trabajos en las Administraciones Zonales, en áreas referentes a educación vial, entre otros.
‘Tercera Placa’
López adelantó que el proceso de implementación del dispositivo de identificación vehicular tardará aproximadamente 2 o 3 meses. Al momento, está en la etapa de enviar a la Procuraduría y la Secretaría del Concejo, para que se califique y se emitan los respectivos informes.
Este dispositivo estará enlazado a la Revisión Técnica Vehicular (RTV), que al momento de cumplir con este proceso se activará, para que con la información disponible se pueda crear una política pública y dar mayor facilidad a la solución de los problemas de ciudad.
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