El hacinamiento es una de las muestras de lo crítica que es la situación penitenciaria en Ecuador, según Altamirano, y eso ha derivado en una escalada de violencia al interior de los centros de reclusión.
A 2024, la sobrepoblación penitenciaria alcanzaba el 18%, según los informes de Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y a Adolescentes Infractores (SNAI). Hasta ese año, desde 2020, esta entidad destinó más de USD 130 millones a contratos de obras, servicios y bienes.
Sin embargo, ese aumento en el presupuesto y en los recursos con que cuenta la institución, no ha dado una respuesta efectiva ante las necesidades de la población carcelaria, ni tampoco han faltado los problemas. Uno de ellos, entre los más graves, según Altamirano, es la falta de inversión en infraestructura penitenciaria.
Desde 2020 a 2023, se invirtieron apenas USD 3.5 millones en obras y mejoras para las cárceles, lo que ha derivado en distintas complicaciones y que se den paso a los contratos de emergencia, los cuales son más susceptibles a irregularidades.
En el informe publicado por la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD), se detalla que la Contraloría General del Estado ya ha identificado algunas falencias, como la falta de entrega de materiales contratados y la ausencia de actas de recepción de los contratos. «Eso hace ver que no existe un control adecuado en la ejecución de los contratos», cuestionó Altamirano.
En total, en cinco años, el SNAI pasó de manejar un presupuesto de contrataciones de USD 3,91 millones a casi USD 60 millones. «Todo lo que se ha invertido es por procesos de contratación se ha ido en gran parte a la cárcel de Santa Elena, la otra parte se ha ido a contratación de servicios», apuntó.
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