Aguirre, como parte del equipo que patrocina a tres de las cuatro familias de los niños de Las Malvinas, participó en la reconstrucción de los hechos, que se instaló el domingo a las 20:45 del 16 de marzo, y culminó a las 07:00 del lunes, 17 de marzo.
Detalló que en la diligencia rindieron versiones los militares implicados en el caso, para poder recrear lo ocurrido el pasado 8 de diciembre. Sin embargo, sus declaraciones difirieron de las dadas dentro del proceso, explicó Aguirre.
El abogado indicó que en la declaración de uno de los defensores de los militares, se afirmó que uno de los chicos asesinados portaba un arma de juguete, el momento de la detención. Sin embargo, estas palabras nunca fueron pronunciadas previamente. «Si esto fuese real, no era el procedimiento que debían seguir», apuntó.
Aguirre destacó que el presunto delito de desaparición forzada toma fuerza después de la reconstrucción de los hechos del domingo, lo que también dará pauta para que la investigación paralela que se sigue por secuestro con resultado de muerte tenga un elemento para conocer quiénes y en dónde asesinaron a los niños.
«En Taura existe una base militar, con inteligencia militar, y que ellos desconozcan que es una zona cooptada por las bandas para dejar abandonados a niños en un camino de segundo orden era exponerlos a un riesgo», apuntó.
Casos de tuberculosis en las cárceles
Según Aguirre, la realidad es que en la Penitenciaría del Litoral existen casos reportados de esta enfermedad desde hace más de un año en la Penitenciaría del Litoral, en Guayaquil.
Añadió que se han remitido constantes oficios al SNAI y al Ministerio de Salud, por parte del CDH, alertando del brote de la enfermedad sin que se dé un tratamiento adecuado para los contagiados. «No es creíble (que la situación está controlada)», dijo Aguirre.
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