El informe explica cómo el gobierno planea lograr las metas señaladas en los decretos, incluyendo un gran aumento en los recursos para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos, construir el muro en la frontera sur y tomar una agresiva política contra los inmigrantes indocumentados.
Con este informe, Kellly expande el poder de ejecución de políticas de inmigración del gobierno al instruirle a las agencias que implementen partes de la ley que estaban en desuso y aclarando los estándares para ciertas protecciones, lo que traería grandes implicaciones para procesar a los inmigrantes indocuemntados en Estados Unidos.
El informe, no obstante, no toca a DACA.
CNN conoció previamente el contenido de este informe. Esto es lo más relevante:
Busca reforzar las leyes de inmigración sobre los solicitantes de asilo y los menores no acompañados que ingresen al país y podría enviar de regreso a México a personas que esperan procedimientos de inmigración en los Estados Unidos.
Aunque los documentos no cambian nada de los decretos sobre seguridad fronteriza e inmigración interior que Trump firmó durante su primera semana en el cargo, sí explican cómo la administración planea ponerlas en marcha, señalando una posición de línea dura sobre inmigrantes indocumentados que complacerán a la derecha en la política de inmigración.
Las notas también podrían aumentar las tensiones con los inmigrantes, sus defensores y legisladores demócratas que han sido muy críticos con los arrestos de casi 700 inmigrantes en todo el país. Mientras que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICEk por sus siglas en inglés) dijo que el 75% de los detenidos tenían antecedentes penales e insistió en que la aplicación «dirigida» era consistente con lo que la administración Obama había hecho, el departamento también dijo que los funcionarios que encontraran individuos que no estaban en la lista de objetivos tenían la opción de decidir si debían también arrestarlos.
El temor en las comunidades de inmigrantes ya se había hecho presente por la retórica de Trump en la campaña electoral, y sólo aumentó durante las redadas de ICE.
La nueva guía hace que sea más difícil buscar asilo en los Estados Unidos, permite la detención de inmigrantes indocumentados y otorga más autoridad a los funcionarios de inmigración, lo que podría aumentar el número de inmigrantes indocumentados detenidos por el gobierno de los Estados Unidos.
Una portavoz del departamento, Gillian Christensen, dijo que no puede confirmar que la guía es definitiva y que no comentaría sobre documentos antes de que sean publicados, pero no negó nada del contenido. Los documentos aún no han sido publicados y podrían cambiar antes de que se publiquen oficialmente.
La guía de seguridad fronteriza amplía el uso de procedimientos de «expulsión acelerada» para inmigrantes no autorizados, permitiéndoles ser deportados más rápidamente con procedimientos judiciales limitados.
Al hacerlo, el informe permite la rápida expulsión de los inmigrantes que no pueden demostrar que han estado en los EE.UU. continuamente durante dos años antes de ser aprehendido y cuando se determinó que no estaban autorizados.
Anteriormente, el ICE y la Aduana y Protección Fronteriza habían utilizado la «expulsión acelerada» sólo para los inmigrantes capturados a máximo 100 millas de la frontera y dentro de los 14 días siguientes a haber entrado a EE.UU. o para aquellos que llegaron por mar, pero no en un puerto de entrada.
La guía de seguridad fronteriza también amplía sobre lo que podría ser el final de las llamadas políticas de «captura y liberación» que permiten a las personas libertad condicional mientras esperan los procedimientos judiciales de inmigración, lo cual puede llevar años. La nota ordena una oleada de nuevos jueces de inmigración y centros de detención para acomodar estas personas y establece límites altos para que las personas puedan ser liberadas en espera de los procedimientos de inmigración.
El informe abre las opciones para que haga más estricto el criterio inicial de «temor creíble» para que los inmigrantes sean considerados para recibir asilo en Estados Unidos, un umbral que decenas de miles de solicitantes de asilo logran cada año.
Orientaciones anteriores del Departamento de Justicia han dado cierta libertad a quienes perciben un riesgo de persecución o tortura en sus países de origen. Si bien el informe no plantea explícitamente el criterio para determinar una «posibilidad significativa» de que se pueda conceder asilo a un inmigrante, sí pone un alto nivel en cuanto a si las amenazas percibidas son creíbles.
«El agente de asilo considerará las declaraciones del extranjero y determinará la credibilidad de las declaraciones hechas por el extranjero para apoyar su petición y considerará otros hechos conocidos por el funcionario, como lo requiere la ley», dice el informe.
«El agente de asilo emitirá un reporte de temor creíble real sólo después de que haya considerado todas las pruebas pertinentes y haya determinado, basándose en pruebas creíbles, que el extranjero tiene una posibilidad significativa de ser elegible para el asilo o parar diferir su trasladado según Convención contra la Tortura, basada en la autoridad legal establecida».
Además, para que los inmigrantes puedan ser liberados en espera de un procedimiento de asilo después de cumplir con el umbral de temor creíble, el informe requiere que un funcionario de inmigración de ICE esté satisfecho de que la persona «establezca afirmativamente» su identidad y que no presente seguridad o riesgo de vuelo y que acepte las condiciones impuestas por el ICE por razones de seguridad pública.
La guía también hace más difícil que los niños que ingresan al país sin autorización sean tratados como «niños extranjeros no acompañados». Bajo la ley, la designación es para aquellos menores de 18 años de edad que no tienen un padre con ellos o cuidado disponible para ellos en EE.UU..
La orden ejecutiva señala que, en algunos casos, las personas continuaron recibiendo protección como niños extranjeros no acompañados incluso cuando tenían un padre o tutor que vivía ilegalmente en los Estados Unidos, diciendo que ello condujo a «abusos» del sistema. El informe de Kelly pide una nueva guía para terminar con esos «abusos».
La orden ejecutiva también instruyó al DHS a hacer cumplir una disposición poco utilizada de la ley para devolver a los solicitantes de asilo al territorio contiguo desde el cual entraron a los Estados Unidos, a saber, México. La medida podría enviar a solicitantes de asilo no mexicanos de América Central sobre la frontera sur mientras esperan procedimientos de asilo en lugar de permitirles esperar en Estados Unidos, una política con la que México probablemente tendrá objeciones.
El informe de Kelly ordena la implementación de esa política y la creación de un sistema de videoconferencia para permitir que los individuos removidos comparezcan en las audiencias sin ser traídos nuevamente a los Estados Unidos.
Cabe la pena resaltar que el informe deja explícitamente intactas las órdenes ejecutivas del presidente Barack Obama sobre la acción diferida para los niños que llegan, conocida como DACA, que protege a los inmigrantes indocumentados traídos a Estados Unidos como niños de que sean trasladados y ordena la baja priorización de los inmigrantes indocumentados que son padres de ciudadanos estadounidenses. El informe dice, sin embargo, que esta última política «se abordará en orientaciones futuras».
El informe rearticula las prioridades de cumplimiento de Trump en su orden ejecutiva, que daba prioridad a la expulsión de ciertos criminales y otros individuos que representen amenazas a la seguridad pública, pero también amplía el alcance de la medida más allá de la establecida del gobierno de Obama para incluir a prácticamente cualquier inmigrante indocumentado en los EE.UU. de quien se sospeche que es responsable de un crimen.
Al mismo tiempo, el informe declara que: «El Departamento ya no eximirá a clases o categorías de extranjeros removibles de la posible aplicación», lo que podría implicar que aquellos protegidos por DACA podrían seguir sujetos a procedimientos de remoción.
La guía también expande lo que se conoce como el programa «287 (g)», que permite al gobierno federal habilitar a las agencias estatales y locales de cumplimiento de la ley para que desempeñen las funciones de los funcionarios de inmigración. El lenguaje en el informe autoriza al CBP y al ICE a «aceptar servicios estatales» en la aplicación, pero no menciona a la Guardia Nacional, como lo había hecho en un borrador preliminar reportado por The Associated Press el viernes.
El informe les da un amplio margen a los funcionarios de inmigración para tomar decisiones inmediatas sobre a quién detener y dice que los funcionarios deben iniciar acciones contra individuos que se encuentren en el desempeño de sus funciones oficiales.
«Esto incluye la detención o aprehensión de un extranjero del que un funcionario de inmigración tiene una causa probable para creer que está violando las leyes de inmigración», dice la guía de implementación, dando a los funcionarios una amplia autoridad para detener a aquellos que sospechan que son indocumentados.
La guía también se lleva cualquier dinero que esté siendo utilizado por el DHS para abogar en nombre de los inmigrantes indocumentados para establecer la Oficina de Participación en el Crimen de Inmigración (VOICE), la cual fue establecida por decreto para reportar los crímenes cometidos por inmigrantes indocumentados y abogar por las víctimas de esos crímenes.
