Paz es una de las palabras más repetidas por las autoridades en Colombia. El fin del conflicto armado con las FARC y la transición de alrededor de 7 000 guerrilleros a la vida civil determinan desde hace meses la agenda política del país, marcada por la confrontación entre partidarios y detractores de los acuerdos, y suponen el comienzo de una nueva etapa. Pero la guerra aún no ha terminado. La negociación entre el Gobierno y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) se anuncia larga y compleja. La segunda guerrilla de Colombia, activa desde mediados de los sesenta, sigue siendo una organización “alzada en armas” contra el Estado y las fuerzas de seguridad. El jueves 13 un soldado falleció en una emboscada en el departamento del Cauca, en el suroeste. El Presidente, Juan Manuel Santos, condenó los hechos calificándolos de “ataque”.
Y es que el ELN no ha abandonado la violencia pese a que el 8 de febrero se iniciaron formalmente las conversaciones con el ejecutivo en Quito. Semanas después de sentarse a la mesa, el grupo insurgente atentó contra la policía colocando en el centro de Bogotá una bomba con metralla que dejó un muerto y decenas de heridos. Las negociaciones, que prevén el diálogo en medio de conflicto, continuaron. El pasado 6 de abril concluyó la primera fase con escasos avances. Las delegaciones, encabezadas por Juan Camilo Restrepo por parte del Gobierno y Pablo Beltrán en representación de la guerrilla, coincidieron fundamentalmente en dos cuestiones. La primera: empezar a trabajar en “un programa piloto de desminado humanitario”. La segunda: actuar “de conformidad con el derecho internacional humanitario” para “proteger a las personas no combatientes y a la población civil”.
Precisamente la interpretación de este último punto ha dado pie a un cruce de reproches públicos. Un comunicado del Gobierno recordó a la organización insurgente que “la cesación de la práctica del secuestro” es un “imperativo” del derecho internacional humanitario (DIH). “¡Qué ceguera por parte del ELN!”, manifestó Juan Camilo Restrepo a través de Twitter. “No solo quebrantan el DIH que dicen respetar, sino que cada vez se alienan más de opinión pública”, agregó. Radio Nacional Patria Libre, órgano oficial de esta guerrilla, respondió con una acusación rotunda: “Si el Gobierno respeta el DIH debe de inmediato parar el genocidio de líderes sociales y no mentir más diciendo que lo hacen fuerzas oscuras”.
Según Naciones Unidas, en 2016 hubo 64 asesinatos de defensores de los derechos humanos y las fuerzas de seguridad no han conseguido frenar estos crímenes.
En cualquier caso, este es otro de los elementos que se añade a las tensiones del diálogo entre el Gobierno y el Eln. Las conversaciones comenzaron rodeadas de dudas que, según los expertos, tienen que ver con la misma naturaleza de ese grupo armado, menos jerárquico y estructurado que las FARC. El Ejército de Liberación Nacional es distinto, con un origen más urbano y universitario y relacionado con la revolución cubana.
El ejecutivo de santos ha redoblado en las últimas semanas las operaciones contra esta guerrilla. A principios de mes una decena de miembros del ELN –que según los últimos datos de la inteligencia militar, contaría con cerca de 1.500 hombres- murieron durante un operativo. “Hemos dado un golpe estratégico. Estamos en la ofensiva”, declaró entonces el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. El próximo 3 de mayo está previsto que comience la segunda fase de las conversaciones entre las delegaciones de paz. Mientras tanto, la guerra sigue.
