El asambleísta explicó que Carlos Pólit “todavía es Contralor con licencia”, por eso, el enjuiciamiento político es inevitable, pues es uno de los el mecanismos legales para su destitución. “Mientras eso no ocurra (el juicio político), el Contralor estará, aunque sea en la teoría, dentro de sus funciones”, añadió.
Torres considera que también será necesario “recabar información” del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para analizar la “documentación” que proporcionó Pólit para su reelección. Esto con el objetivo de conocer las condiciones en las que fue designado como Contralor y si “omitió de manera deliberada” información. Además, esto sería importante para determinar si el Consejo de Participación Ciudadana tuvo un “grado de responsabilidad en el proceso de selección” para este cargo, apuntó el asambleísta.
Con respecto a la iniciativa que se plantea para la expulsión de Odebrecht del país, Torres mostró algunas de sus inquietudes. El funcionario se cuestionó cómo se materializaría la expulsión, cuál sería el organismo o el funcionario encargado de hacerlo y cómo se llevaría el proceso si la empresa brasileña “tiene un contrato con una empresa cualquiera, una multinacional, ¿cómo se expulsa sin terminar el contrato?”.
El asambleísta también dijo que más personas “podrían ser objeto de juicios políticos”. El inicio de este tipo de juicio no depende “solo de los votos del oficialismo” sino que la oposición “por sí misma” podría iniciar estos procesos, precisó. Aún así aclaró que el problema estaría “al final”, pues “la Constitución establece diferentes mayorías” para la destitución de un funcionario público. Por ejemplo, para retirar del cargo a un Contralor se necesita “mayoría absoluta” y para un Ministro “las dos terceras partes” de los votos de la Asamblea.
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