«Por ahora, tenemos indicios suficientes para recomendar que la denuncia sea acogida»; son «indicios suficientes de materialidad» y «la acusación no es fantasiosa», declaró Sergio Zveiter, instructor de la Comisión de Constitución y Justicia de la Cámara de Diputados.
Zveiter pertenece al Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), que lidera el propio Temer, pero aún así consideró que «la sociedad tiene derecho a una verdad» que solo podrá conocerse en un juicio, en el que Temer «tendrá el más amplio derecho a la defensa».
Esa comisión, que debatirá el caso a lo largo de esta semana, es la primera instancia en que la Constitución brasileña establece que se analice una acusación penal contra un jefe de Estado, que en caso de que la denuncia sea acogida sería suspendido de su cargo durante los seis meses que duraría el proceso.
El segundo paso será en el pleno de los 513 diputados, en el que es necesaria al menos una mayoría de dos tercios (342) votos para autorizar al Supremo a la instauración de un juicio penal.
Si así fuera, Temer sería suspendido 180 días y la vacante sería cubierta por el presidente de la Cámara Baja, Rodrigo Maia, un fiel aliado del mandatario pero ya barajado por sectores del propio PMDB como una alternativa ante un eventual juicio penal.
El fiscal general, Rodrigo Janot, ha fundamentado su acusación en unos testimonios dados por ejecutivos del grupo JBS, que en el marco de un acuerdo de cooperación han afirmado que sobornan a Temer desde 2010 a cambio de favores políticos.
Además, entregaron un explosivo audio grabado por el dueño de ese grupo, Joesley Batista, durante una reunión que tuvo con Temer en la residencia oficial de la Presidencia y en el que relata, frente al silencio del mandatario, diversas maniobras ilegales que hacía en beneficio de esa empresa ante ministerios e incluso algunos jueces.
La acusación también sostiene que Temer sería el destinatario de 500.000 reales (unos 152.000 dólares) que su antiguo asesor Rodrigo Rocha Loures recibió del grupo JBS y le fueron entregados en una pizzería, lo cual fue filmado por la Policía Federal.
Rocha Loures, quien está bajo libertad vigilada, admitió la recepción del dinero y hasta lo devolvió a la Justicia, pero sin aclarar por qué le fue entregado ni si era para Temer, como sostiene Batista.
«Reto a la Fiscalía a que diga cuánto, dónde y cómo el presidente recibió ese dinero», declaró el abogado Antonio Claudio Mariz, quien representa a Temer y enfatizó hoy que, si Rocha Loures devolvió esa suma, «entonces está claro» que no llegó a manos del gobernante.
El abogado alertó sobre el «peligro» para la gobernabilidad que traería aparejado un eventual juicio contra el mandatario y aseguró que un presidente «no puede ser procesado por simples hilaciones» apoyadas en «pruebas falsas» y «fraudulentas», como se refirió en particular a los audios presentados por Batista.
Las graves acusaciones contra Temer han minado su base política, lo cual ha menguado la sólida mayoría parlamentaria que ostentaba hasta mayo pasado, cuando estalló el escándalo.
Así como en el PMDB, su propia formación, existen alas disidentes que se inclinan por acoger la denuncia, hay un visible malestar en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), otra de las más importantes fuerzas de la coalición gobernante.
De hecho, parte de la dirección nacional del PSDB se reunió hoy en Sao Paulo para analizar la situación y debatir la conveniencia de seguir en un Gobierno en el que ese partido tiene cuatro ministros.
Según analistas políticos, un posible abandono del PSDB sellaría la suerte de Temer, pues daría más fuerza a los sectores díscolos del PMDB y abriría la puerta a una desbandada general en las fuerzas que aún respaldan al mandatario.
Fuente: EFE
