Fue un día marcado por el recuerdo de los delitos sexuales que se habrían cometido contra estudiantes de Guayaquil.
Esta ciudad fue ayer la sede del segundo día de sesión de la Comisión Ocasional Aampetra (creada en julio pasado para investigar casos de abusos sexuales en establecimientos educativos) y del Consejo de Administración Legislativa (CAL), de la Asamblea Nacional, que se realizó en las instalaciones de la Casa de la Cultura del Guayas.
Primero se recibió a familiares de las víctimas de los recientes abusos sexuales de niños de 6, 7 y 8 años de la unidad réplica Aguirre Abad, en el norte de Guayaquil. Por este caso –en el que hay más de diez víctimas– tres docentes están detenidos y uno continúa prófugo.
Las comparecencias fueron reservadas, a puerta cerrada. El ministro de Educación, Fander Falconí; el fiscal general del Estado, Carlos Baca Mancheno, y el presidente del Consejo de la Judicatura, Gustavo Jalkh (fue en su reemplazo el vocal Néstor Arbito), fueron las autoridades llamadas a explicar las acciones que han tomado sobre denuncias y casos de abusos sexuales en planteles educativos.
La comparecencia de cada una de las autoridades estaba estipulada en 45 minutos.
Fuera de la reunión, Silvia Salgado, asambleísta y presidenta de la comisión Aampetra, les dijo a los medios de comunicación que exigirán que se investiguen a fondo los casos. “Lo que pasó en el réplica Aguirre Abad es un delito que debe ser investigado y sancionado, sea quien sea el infractor”.
Agregó que ya se han detectado las falencias que permitieron estos presuntos abusos. “Está claro que los protocolos de seguridad han fallado y ha habido negligencia de parte de las autoridades educativas. También en la designación de autoridades”, indicó.
