Pérez detalló que actualmente Tame tendría una deuda a largo plazo de $ 175 millones, y de $ 19 millones a corto plazo, sobre todo por retrasos en pagos de vuelos y pago a proveedores. Del último monto, el Estado es responsable de $ 8 millones por concepto de viajes realizados por miembros de varias carteras de Gobierno durante los últimos dos años; la Presidencia de la República se encuentra entre ellas.
Por ello, una de las principales estrategias que el directorio adoptará es la recuperación de cartera vencida. En el caso del Estado, Tame aspira a recibir el pago total de la deuda hasta el 15 de diciembre de este año. Esto le permitirá cubrir el pago de compromisos urgentes, como la desvinculación de 80 trabajadores de la empresa.
La empresa también planea rematar 11 bienes inmuebles fuera de uso, que aportarán $ 4, 7 millones. Además venderá 5 aviones propios y cancelará el alquiler de otras 3 naves hasta el primer trimestre de 2018. Esto le permitirá a la empresa renovar paulatinamente la flota, hasta contar con 10 aviones de medio y corto radio, que no superen los 7 años de antigüedad.
Pérez también reconoció que la impuntualidad en vuelos y la disminución de los mismos se debieron a la falta de recursos para realizar los mantenimientos necesarios a las naves. Esto se tradujo en pérdida de mercados y reducción de ingresos.
Ante esto, Ignacio Vallejo, presidente del directorio de Tame EP, explicó que un equipo directivo totalmente renovado trabaja en un proceso de reestructuración total para levantar la empresa. “En un mes ya se puede apreciar la gestión de la nueva directiva”, señaló.
En el mes de octubre, la programación de vuelos se cumplió en un 98%, a diferencia del mes de septiembre, cuando se cumplió el 85%. Asimismo, la puntualidad pasó de 79% al 90% en el mismo lapso.
Según Vallejo, gracias a ello el porcentaje de quejas por el servicio se redujo en un 57%; mientras que los vuelos se incrementaron en un 27% y el número de asientos en un 63%.
Fuente: El Telégrafo
