La Fiscalía abrió una investigación por presunto abuso de recursos públicos en contra de la prefecta Paola Pabón, integrante del movimiento Revolución Ciudadana (RC), por los términos laborales en los que se habría contratado a Soledad Padilla, excolaboradora del exvicepresidente Jorge Glas y quien está involucrada en un escándalo junto al asambleísta electo Ferdinan Álvarez.

Créditos: El Universo

En NotiMundo A La Carta, Carlos Soria, abogado de la prefecta Paola Pabón, rechazó la postura de Fiscalía y aseguró que la entidad quiere “politizar” el tema. “Nos hemos visto abocados a tener que defender cuestiones que nos parecen un tanto ridículas cuando se habla de un peculado, porque lo que existe es un tema administrativo de contratación de la persona bajo procesos de selección”, dijo.

En este sentido, detalló que existen los informes, pruebas de jefes e incluso compañeros de trabajo que laboraban con Padilla. A esto se suman las funciones, informes de gestión y horario de trabajo que la Prefectura dice tener como prueba de que Padilla trabajaba en el lugar.

“Es decir, aquí no existe ningún fantasma de peculado, esto es nuevamente algún tipo de intento burdo de tratar de politizar un tema personal de Padilla con algo profesional que ella desempeñaba en la Prefectura de Pichincha”, dijo y aclaró que ella tenía un contrato de servicios ocasionales.

Según una nota publicada por diario El Universo, entre las principales anomalías que ha detectado la Contraloría General del Estado en auditorías a la administración de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, están nepotismo, contratación de asesores que sobrepasaron el límite permitido, con salarios elevados fuera del techo legal; vinculaciones sin precisar qué funciones cumplirían o con impedimentos para ejercer cargo público.

Frente a esto, Soria lamentó que no se haya hecho la debida contrastación, porque todos los periodos desde el 2019 hasta el 2023 están auditados por la Contraloría. Sin embargo, en esta línea, indicó que sí se han encontrado ciertas falencias administrativas que, según dijo, no tienen nada que ver con el ámbito penal.

“Estas han sido atendidas y están siendo puestas en marcha por parte de la Prefecta”, puntualizó Soria a la vez que agregó que toda la información que sea requerida será entregada de manera inmediata a la Fiscalía para que avance con el proceso de investigación.

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