López insistió en que la captura de Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda (15) y Steven Medina (11), se dio en un presunto delito flagrante y posteriormente el objetivo era trasladarlos a la unidad policial de Virgen de Fátima, ubicada cerca de la Báse Aérea de Taura.
Al trasladarse hacia su destino, la patrulla militar recibió un reporte de desmanes en la parroquia Taura, lo que hizo que los soldados cambien su rumbo y se dirijan hasta el sitio de la alerta. En el camino, continuó López, se detectó un árbol caído en la carretera, lo que llevó a la cuadrilla a bajarse del vehículo para poder retirarlo.
En esta acción participaron los jóvenes hoy desaparecidos, confirmó López, y posteriormente ellos pidieron que se los deje en libertad, «que ya no iban a cometer este tipo de situaciones», a lo que el comandante dio la disposición de que sean liberados.
El abogado dijo que una vez que los militares se encontraban en la Base de Taura, ocurrió la llamada de uno de los chicos a sus padres, con el celular de quien ahora es testigo clave en el caso. Según López, los 16 militares ahora implicados en el presunto delito de desaparición forzada reconocen haber ejecutado un mal procedimiento, pues lo correcto hubiese sido dejar a los aprehendidos en manos de la Policía y no en la vía pública, como consta en su versión.
Sin embargo, López insistió en que los soldados liberaron a los niños en «completamente sanas», por lo que se deslindan del caso posterior de la desaparición. Por ello calificó como un acto de ilegalidad al hecho de que ahora los implicados se mantengan retenidos con custodia permanente, para evitar intentos de fuga, pese a que no existe la orden de un juez, sino únicamente disposiciones del Ministerio de Defensa y del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas.
López recalcó que los militares actuaron para evitar un delito y añadió que el video donde se observa que se sube a dos de los menores a la camioneta militar da cuenta que uno de los detenidos fue entregado por un ciudadano a los militares. En este sentido, el abogado consideró que el testigo clave del caso debe ser incluido en el programa de víctimas y testigos de la Fiscalía General del Estado, «porque es importante también para la defensa», acotó.
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