Un tribunal sentenció a tres años de prisión a la exjueza María Belén Domínguez como autora directa del delito de tráfico de influencias. Esto, luego de que la exmagistrada concediera una acción constitucional al exalcalde de Quito, Jorge Yunda, para que él se mantenga en funciones. En NotiMundo Estelar, Edison Carrillo, abogado de exconcejales de Quito de oposición, hizo un llamado a Fiscalía a investigar a profundidad quien fue el beneficiario del delito por el que se le acusó a Domínguez.

Créditos: Expreso (RENÉ FRAGA)

Según la Fiscalía, Domínguez abusó de su potestad estatal para ejercer influencia en otro servidor público y, de esa manera, obtener una resolución favorable a sus propios intereses o el de terceros.

“Se tiene que hacer una investigación más a fondo. Diana Salazar no puedo quedarse solo con este pedacito del delito”, dijo Carrillo quien también exhortó al Consejo de la Judicatura, debido a que desde la entidad, señaló, vino la orden para conceder una acción de protección.

El caso se remonta a 2022, cuando Yunda buscó mantenerse en su cargo tras ser destituido por el Concejo Metropolitano. El fallo de la jueza María Belén Domínguez, quien aceptó parcialmente una acción constitucional de protección interpuesta por Yunda, no solo dejó en el limbo la titularidad de la Alcaldía; sino que también generó una investigación por parte del Consejo de la Judicatura y la Fiscalía, por su decisión.

Por esta razón, Carrillo rechazó que la sentencia contra Domínguez haya sido solo de tres años. “Este fue un tema que involucró a toda la ciudad, Quito entero estuvo a punto del abismo; el juez no solo debió considerar una falta a sus funciones sino el daño que ocasionó a Quito”, rechazó.

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