Según Chamba, el peaje, al encontrarse en una zona urbana, no debería existir, porque no cumple los requisitos de legalidad. Explicó que dicho peaje tiene aproximadamente 25 años de existencia, lo que ha llevado que se presente el recurso.
Insistió en que el Consejo Provincial de Pichincha no constituye una autoridad competente para establecer el cobro de un tributo. Chamba añadió que son cerca de 90.000 vehículos que transitan por el sitio cada día, lo que genera entre USD 14 millones y USD 16 millones.
A esto se suma que en el proceso de fiscalización se evidenció que en un convenio suscrito entre el Municipio y la Prefectura de Pichincha, establecía que la Epmmop y la dirección de vialidad controlaban y supervisaban el mismo, pero luego se conoció que esto no se ejecutó.
Lo que se busca con el recurso presentado, dijo Chamba, es que se haga un análisis de constitucionalidad y posteriormente sea eliminado el peaje. Adicionalmente, se busca determinar en qué estado están las calles aledañas a la vía, que, según dijo, están en estado «deplorable».
Proyecto de remisión tributaria
Por otro lado, Chamba, presidente de la comisión de Presupuesto, también se refirió al proyecto de ordenanza de remisión tributaria, que debe tratarse en segundo debate a la interna del Concejo. El concejal explicó que el proyecto de alivio financiero fue presentado por el presidente Daniel Noboa y aprobado por la Asamblea Nacional.
En él se establece dos temas fundamentales, resaltó Chamba: la extinción de deudas tributarias y no tributarias, y la remisión de intereses, multas y recargos. En cuanto al primer punto, se toma en cuenta que la deuda tenga más de un año y que no sobrepase los USD 460. Precisó que el beneficiario no debe acercarse a realizar ningún trámite en el Municipio, sino que de oficio se extingue la deuda.
El proyecto contempla la extinción de USD 12’174.000, dijo el edil. En cambio, la remisión tributaria beneficiará 390 mil personas y busca perdonar el pago de intereses, multas y recargos, sin importar el monto de la deuda, siempre y cuando se pague el capital hasta el 30 de junio del 2025.
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