La aprobación del informe para segundo debate de las reformas relacionadas con la consulta popular derivó en una nueva confrontación entre el Gobierno y la Asamblea Nacional: el presidente Daniel Noboa los acusó de "legislar para los delincuentes". En NotiMundo al Día, María Belén Arroyo, editora política de revista Vistazo, lamentó que los entrampamientos políticos continúen relegando las necesidades de la ciudadanía.

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Henry Kronfle (PSC), presidente de la Asamblea, y Daniel Noboa, presidente de la República. Foto: Asamblea

Arroyo recordó que el Gobierno de Noboa llegó con un bajo nivel de representatividad al Legislativo, pero con algo de «astucia» logró un acuerdo en pro de la gobernabilidad, aliándose con la bancada correísta y del Partido Social Cristiano (PSC). No obstante, «esta luna de miel ya se convirtió en una luna de hiel», acotó, pues a los seis meses del período se han roto relaciones.

Uno de las causas de este rompimiento, según Arroyo, se originó tras la votación de la Legislatura, respecto del poder de veto que tiene el primer mandatario. Antes, se podían ratificar los textos de la Asamblea con 92 voluntades, pero ahora se requieren 70. Esto da una mayor capacidad de maniobra, frente a un Ejecutivo que llegó a gobernar por un corto período y con la clara intención de reelegirse.

Añadió que desde la Asamblea también se hacen todo tipo de cálculos y «amarres», pero lamentó que en estos no se tomen en cuenta los intereses de la población. «Todos vimos que el 9 de agosto (de 2023, el asesinato de Fernando Villavicencio) fue un crimen político, pero la Asamblea trabajó durante 6 meses en esta investigación para decir que fue un delito común», criticó.

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