El próximo 20 de agosto, los ecuatorianos acudirán a las urnas para las elecciones anticipadas, en las que también se definirá si se detiene la explotación petrolera en los yacimientos del Parque Nacional Yasuní. En Notimundo A la Carta, Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente, aseguró que las posibles pérdidas económicas en caso de que gane el Sí, se pueden suplir mediante el cobro de impuestos a la clase socioeconómica más alta, y paralizando las exoneraciones tributarias o incentivos fiscales.

Albrto Acosta
Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Foto: Cortesía

En los comicios anticipados, próximos a realizarse el domingo 20 de agosto de 2023, también se votará por la Consulta Popular impulsada por el Colectivo Yasunidos, que plantea la posibilidad de que se detenga la producción petrolera en el Bloque 43-ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní.

Para el expresidente de la Asamblea Constituyente, Alberto Acosta, los ecuatorianos tienen en sus manos la oportunidad de “dar un sí categórico” para que no se siga explotando el crudo en el ITT.

Cuestionó además, las cifras de los supuestos perjuicios económicos que ha manejado el Gobierno.

Explicó que, en la audiencia en la Corte Constitucional donde se dio pasa al referéndum, Petroecuador señaló que en los siguientes 33 años, el Estado tendría pérdidas por USD 7.968 millones (USD 241 millones al año).

Sin embargo, según el ministro de Energía y Minas, Fernando Santos Alvite, la cifra total de posibles pérdidas es ahora de USD 16 mil millones.

¿Cuál sería la salida?

Para Acosta, la solución estaría en el cobro de impuestos a quienes tienen mayores ingresos, y en detener las exoneraciones o incentivos fiscales, que según el experto, en 2021 llegaron a los USD 6.338 millones.

“Con estas cifras, los montos planteados de posibles pérdidas se pueden cubrir con una decisión política de cobrar las deudas a quienes no pagan y cobrar impuestos. Las deudas en firme de 500 grupos económicos frente al Servicio de Rentas Internas (SRI) son de USD 1.984 millones”, declaró.

¿Y los contratos que mantiene el Gobierno en esta zona?

Según Acosta, los contratos con las empresas dedicadas a la extracción petrolera caducan en 2024, por lo que no implicarían demandas ni perjuicios al Estado. Esto porque, en caso de que se detenga la explotación, el tiempo establecido para retirar toda la infraestructura es de más de 365 días.

“Eso va a costar, obvio, pero si el Ecuador se coloca en la primera línea de lucha contra el cambio climática, recibirá respaldos internacionales formidables. Hay fondos financieros para la mitigación y remediación”, explicó.

Por último, señaló que las reservas de petróleo en Ecuador han caído en picada. Esto porque en 2013 se proyectó que en el ITT se obtendrían 848 millones de barriles de crudo, sin embargo, el pico alcanzado fue en 2019 con 5.581 millones.

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