Byron Cárdenas, alcalde de Latacunga, afirmó que el cabildo se ha visto en la responsabilidad de cubrir las necesidades de la penitenciaría, en vista de la "irresponsabilidad" de las autoridades competentes.

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La Policía Nacional se encuentra controlando un amotinamiento en la cárcel de Latacunga. Crédito: El Telégrafo

El alcalde de Latacunga, Byron Cárdenas, busca financiamiento para dotar de agua potable al Centro de Rehabilitación Social, ubicado al norte de Latacunga.

Así, el Burgomaestre trata de cumplir la sentencia de la Sala de Garantías Penales de la Corte Provincial de Justicia de la provincia de Cotopaxi emitida el 6 de diciembre del 2018, donde tres jueces concedieron parcialmente la acción constitucional de habeas corpus solicitada por la defensa de Jorge Glas Espinel.

Los magistrados negaron el requerimiento del exvicepresidente de ser trasladado a la conocida cárcel 4 de la ciudad de Quito para que cumpla una condena de seis años de cárcel por asociación ilícita por la trama de corrupción del caso Odebrecht.

Mientras que las demandas que promovieron el pedido de la acción constitucional de habeas corpus como la falta de agua, la falta de recolección de la basura, la falta de control de los alimentos a los recluidos y otros deben cumplirse por parte del Municipio de Latacunga en coordinación con la Dirección del Centro de Rehabilitación, la Secretaría Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y entes gubernamentales.

“Esa construcción (la cárcel) se dio sin los respectivos permisos. Hay una sentencia que le obliga al Municipio a dotar de agua y nosotros debemos apoyar y asumir esas competencias ante la irresponsabilidad de aquellas autoridades que permitieron la construcción”, indicó Cárdenas.

Fuente: El Comercio – Nota Original: LINK