En NotiMundo A La Carta, Ramiro Ávila, exjuez de la Corte Constitucional, indicó que la conformación de una veeduría para evaluar las actuaciones del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social transitorio, incumpliría un dictamen previo de febrero del 2018, en el que se establece que no se puede revisar ninguna acción adoptada por este organismo. Añadió que el presidente del Consejo, Alembert Vera, podría ser destituido.

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Mediante una resolución judicial del 29 de agosto de 2023, un juez de Montecristi admitió una acción de protección presentada por una ciudadana, y por la cual se deberá conformar una veeduría para “diagnosticar y evaluar las actuaciones administrativas de cese de funciones y designación de los jueces de la Corte Constitucional por parte del CPCCS transitorio”.

Ávila explicó que la conformación de la veeduría carece de sentido y efecto jurídico, pues iría en contra del dictamen de la Corte Constitucional del 04 de febrero de 2018.

“Establece que no se puede revisar ninguno de los actos hechos por el Consejo transitorio, que además había sido fruto de un referéndum, y se le había dado potestades especiales”, declaró.

Señaló además que la decisión del juez de Montecristi es contraria a la Ley, consecuencia del abuso de las garantías constitucionales. Por ello, explicó que la Corte Provincial de Justicia debería revertir el fallo y declarar error inexcusable.

Este tipo de jueces no deberían existir en la función judicial porque no solo revierten la garantía, sino que son susceptibles de influencias políticas y económicas. Si Alembert Vera sigue con ese discurso (de evaluar al “Trujillato”) y hace acciones pendientes a incumplir el dictamen de la Corte Constitucional, el organismo deberá destituirlo”, aseveró.


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