Esto a raíz de una controversial decisión de la Corte Suprema de la semana pasada de rebajarle la pena a un condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura, que gobernó el país entre 1976 y 1983, que despertó fuertes críticas.
En el texto unificado los diputados aclaran que el beneficio del 2×1 «no es aplicable a conductas delictivas que se encuadren en la categoría de delitos de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra, según el derecho interno o internacional».
El proyecto será presentado a senadores esta mañana y se espera una votación a favor del mismo en el transcurso de la tarde.
A pesar de los esfuerzos para reducir el impacto del beneficio 2×1, la marcha programada para esta tarde se mantiene.
Con tres votos a favor y dos en contra, la corte declaró el 3 de mayo aplicable la ley conocida como 2×1, actualmente derogada, pero que estuvo vigente entre 1994 y 2001.
La norma señala que, si una persona pasa más de dos años en prisión preventiva sin condena, a partir de ese plazo cada día se computará doble al establecer la duración de la pena.
Así Luis Muiña, condenado en 2011 a 13 años de prisión por torturas y secuestros a cinco personas en una cárcel clandestina que funcionó en un hospital público durante la dictadura, pudo recuperar su libertad al haber cumplido los dos tercios de su pena.
