En la jornada de hoy se dieron críticas entre asambleístas al interior de la sala de sesiones, sobre todo después de que desde la bancada correísta se presentó un video del expresidente Abdalá Bucaram, donde insulta a dos parlamentarias.
La grabación dio lugar a que Marcela Aguiñaga, una de las integrantes del denominado bloque por la Revolución Ciudadana, le increpe a Jorge Corozo (AP), presidente de la Comisión de Derechos Colectivos que elaboró el informe para este debate. “Asambleísta Corozo, ¿usted tiene madre? ¿Usted tiene hija? ¿Usted tiene quizás un familiar al que lo traten así quizás a cuenta de la opinión donde se habla así de las mujeres?”, le preguntó durante su intervención.
Aguiñaga cuestionó la eliminación de figuras como el linchamiento mediático y las sanciones administrativas del cuerpo legal que hace cinco años fue aprobado por una mayoría afín al expresidente, Rafael Correa.
“Claro que tengo, igual que usted porque soy ser humano ecuatoriano”, le respondió Corozo. “Vaya a reclamarle al patán que le dijo esas groserías, porque a él tiene usted que refutarle”, insistió. Mientras, Lourdes Cuesta, de CREO, y Mayra Montaño, del PSC, insistieron en que la norma vigente debía ser derogada y no solo reformarla.
“Si vamos a la reforma de la ley y no a su derogatoria, suprimamos de esa normativa todo lo que huela a persecución, dirían los amantes, todo lo que huela a peligro”, dijo Montaño. Al igual que el martes pasado, cuando arrancó la sanción para el tratamiento de las reformas, hoy también fueron recibidos en comisión general organizaciones comunitarias que expresaron su preocupación sobre la distribución de las frecuencias.
Mientras, Guadalupe Fierro, presidenta de la Unión Nacional de Periodistas (UNP), advirtió que “aún persisten algunos elementos que configuran una censura previa estructural, como el caso de las coberturas en procesos judiciales”.
Las observaciones que se dieron en el debate deberán ser procesados por la misma comisión de Derechos Colectivos, a la que le corresponderá elaborar un informe para una nueva discusión y aprobación en el Pleno de la Legislatura. Luego, el proyecto de Ley pasará al Presidente Moreno, quien deber aprobarla o vetarla, finalmente.
