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"Burló todos los controles". Así lo aseguró el secretario de la Política, Paúl Granda, al anunciar este jueves 27 de septiembre del 2018 que la visita de la asambleísta correísta Sofía Espín a la testigo Diana Falcón, el lunes 24 a la cárcel de mujeres de Quito, incumplió los protocolos en la cadena de control y seguridad.

Fotografía: El Telégrafo
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“De la información recabada, la asambleísta Espín no se registró ni fue autorizada para ingresar al CRS (Centro de Rehabilitación Social) Femenino. ‘Burló’ todos los controles. Enviaremos una petición a la Fiscalía a que investigue e iniciaremos acciones administrativas que determinen las responsabilidades del caso”, dijo Granda en la red social Twitter.

El Ministerio de Justicia separó de sus funciones a la Directora del Centro de Rehabilitación Social Femenino de Quito, por no haber cumplido los protocolos de visitas a Personas Privadas de la Libertad (PPL).

La ministra del Interior, María Paula Romo, se hizo eco este 27 de septiembre de la información dada por Granda. “Ministro @PaulGranda confirma que la señora Espín no cumplió con los procedimientos para ingresar a una cárcel”, escribió en Twitter. Romo había señalado ayer, 26, que lo ocurrido (el ingreso de Espín para hablar con una testigo) “es muy grave.

Diana Falcón es testigo protegida de la Fiscalía Nacional del Estado, por su colaboración en la investigación del secuestro de Balda en Colombia, en el 2012. Entonces, Balda, exasambleísta, era opositor de Correa.

Dentro de la investigación, los agentes de Inteligencia Falcón y Raúl Chicaiza (también testigo) denunciaron que el secuestro fue dirigido al más alto nivel. Con sus aportes, la Fiscalía acusó a Correa, el martes 25, como autor de los delitos de asociación ilícita y secuestro de Balda. Falcón y Chicaiza también fueron acusados y se encuentran detenidos.

Diego Chimbo, su abogado, afirmó que Diana Falcón le comentó que Espín llegó la víspera de la audiencia y le ofreció asilo en Bélgica (donde reside el expresidente) a cambio de que dijera que fue presionada por el fiscal Paúl Pérez para involucrar a Correa en el proceso. “Diana Falcón y Raúl Chicaiza entregaron las pruebas que recopilaron desde el 2013… Es decir que en algún momento tenían que dar este proceso y sabían que iban a colaborar con la justicia”, dijo el abogado de los agentes procesados. Chimbo señaló que el agente Chicaiza ha sido contactado en la Cárcel 4 por personas afines a Correa.

“Van a visitar al exvicepresidente y se contactan con él y le insinúan que cambie este proceso y la insinuación más grave que le hacen es pedir que mienta, es decir que se retracte”.

En la Cárcel 4 cumple sentencia el exvicepresidente Jorge Glas, condenado por asociación ilícita en el caso Odebrecht. Espín fue colaboradora cercana de Glas y actualmente es asambleísta desafiliada de Alianza País, perteneciente al grupo de legisladores llamados correístas.

Fuente: El Comercio