Con el asambleísta Franco Romero acogiéndose al derecho al silencio, el legislador Fredy Alarcón señalando que lo que se dice en la conversación no tiene que ver con él, y la versión de la asambleísta Rosa Verdesoto diferida para el 27 de julio próximo continuó ayer la instrucción fiscal de 120 días dentro del proceso que investiga el delito de delincuencia organizada.
Romero, Alarcón, Washington Paredes, Verdesoto y Raúl Tello, todos asambleístas del Bloque de Acción Democrática Independiente (BADI), fueron convocados a rendir versión dentro del caso en el que son investigadas 19 personas, entre las que están el exlegislador Daniel Mendoza y el asambleísta del BADI Eliseo Azuero, quien mantiene una orden de prisión preventiva vigente.
A excepción de Rosa Verdesoto, los nombres de los restantes asambleístas convocados coinciden con los nombrados por Mendoza y Azuero en una conversación periciada, transcrita e incluida en el expediente de esta causa.
La fiscal general, Diana Salazar, justamente los convocó para que puedan hablar de esos hechos o de otros que conocieran, pero que tengan relación con lo que se investiga.
Casi por una hora, el jefe del BADI, Franco Romero, estuvo en el interior de la Fiscalía General, en Quito, pese a que él se habría acogido a su derecho al silencio.
A su salida dijo que no tenía nada que ver con la investigación de Mendoza y Azuero, que ya había rendido su versión y que se le debería preguntar a Azuero sobre lo que se dice en el audio.
Gonzalo Silva, su abogado, señaló que es norma constitucional y universal que si alguien no puede aportar más datos sobre una investigación, «¿Cuál es el motivo para que hable, para que diga qué, para que involucre a quiénes o por qué?». Por ello, asegura, es que la legislación ha preveído que las personas convocadas tengan este derecho.
A la investigación por delincuencia organizada la Fiscalía incorporó documentación del expediente por lavado de activos que se sigue desde mayo pasado, en Manabí, contra Jean Benavides, asesor de Mendoza, Franklin C., José S. y seis personas más que también son procesadas por delincuencia organizada.
Siete partes policiales y un oficio del caso en el que se dio la operación Fortuner 1 han sido incorporados al expediente del caso Mendoza.
De la información recuperada en inmuebles, vehículos y teléfonos celulares se desprende que Franklin C. mantiene el alias de ‘banquero’, José S. el alias de ‘chofer’ y Benavides el alias ‘cajero’.
Entre lo incorporado estarían fotos en las que se muestran grandes cantidades de dinero y chats en los que se hablan de cheques o dinero que es para «un asambleísta», «que el negocio es ser asambleísta», que es dinero para «coimas», que los recursos tienen que ver con el Consorcio Pedernales e incluso se habla de Daniel Mendoza y la colocación de personas en cargos.
El legislador por Sucumbíos Freddy Alarcón está seguro de que todo lo que se menciona en este audio no tiene que ver con él y cree que la Fiscalía, luego de que haga su trabajo, lo determinará así.
«No conozco por qué se quiere involucrar a otras personas que no hemos participado, sino solo en actividades relacionadas con la Asamblea«.
Luego de Alarcón ingresó a rendir su versión en la Fiscalía su compañero de bancada, el asambleísta por Galápagos Washington Paredes.
Él no dio declaraciones a la prensa a su ingreso, pese a que existían consultas sobre si era él a quien Mendoza y Azuero nombraban en su conversación como «Wacho».
Para hoy se convocó a que rindan versión los asambleístas María Mercedes Cuesta, Fernando Burbano, ambos del BADI, y al presidente de la Asamblea Nacional, César Litardo, de AP.
También fue llamada a rendir versión libre y voluntaria la ministra de Gobierno, María Paula Romo, quien lo hará vía telemática, conforme lo solicitó a la Fiscalía.
Fuente: El Comercio – Nota Original : LINK
