Dos exministros del Gobierno de Rafael Correa, Wellington Sandoval y Javier Ponce, y catorce oficiales en servicio pasivo y activo de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE) fueron acusados como autores del delito de peculado en el proceso de adquisición de siete helicópteros Dhruv, en 2008. La reapertura del caso del asesinato del general Jorge Gabela, quien se opuso a la compra, pretende determinar si existe una conexión y evitar que el mismo quede en la impunidad, según declaró la fiscal general, Diana Salazar.

En Más Allá de los Hechos, Ramiro Román, abogado defensor de la familia del general Jorge Gabela, recordó este no solo se opuso a la compra de los helicópteros Dhruv, de los cuales cuatro se accidentaron y tres dejaron de funcionar, sino también a la adquisición de 12 aviones cheetah y de radares chinos. Por ello, consideró que deberían abrirse investigaciones en estos últimos casos, los cuales presentaron algunas irregularidades.

Román señaló que Gabela advirtió al expresidente Correa, de forma verbal y por escrito, que debía hacerse una negociación entre su Gobierno y el de la India, país de fabricación de los helicópteros. «Eso nunca sucedió», lamentó. Por el contrario, hubo intermediarios cercanos a los generales que presionaban para ejecutar la compra.

Para el abogado, la persecución a Gabela y su familia se dio en todo momento, por los intereses de altos funcionarios que pretendían llevar adelante los negociados. Sin embargo, aseguró que tendrá «toda la paciencia» para que continúe la investigación y se pueda esclarecer el caso. Dijo que «es importante que la Fiscalía haga lo que tiene que hacer», y añadió que la figura de la ejecución extrajudicial, con la que ahora se lleva adelante el caso, es imprescriptible.

De su lado, Roberto Meza, perito que investigó el asesinato del general Gabela y quien determinó que el hecho no correspondió a delincuencia común, como se aseguraba por parte de las autoridades de turno, indicó que en 2013 se entregaron los resultados de las investigaciones. Cerca de dos años después, asesores de algunos ministros lo contactaron para que se eliminen al menos 35 páginas del documento.

Meza añadió que en 2018, el equipo pericial fue convocado por el expresidente Lenín Moreno, para rendir su versión ante la Fiscalía General del Estado. Aseguró que posteriormente recibió presiones por autoridades ecuatorianas y que el informe presentado por el extinto Ministerio de Justicia no guardaba relación con el original. Afirmó también que durante el proceso investigativo lo contactó el equipo de la exministra de Defensa, María Fernanda Espinosa, donde se «sugería» no tocar el caso de los helicópteros Dhruv.

Patricia Ochoa, esposa del general Jorge Gabela, manifestó que la propia Fiscalía, a través de un testigo protegido falso, sentenció a los detenidos como autores materiales del asesinato. «Desde un inicio, el Gobierno quería que sea tratado como un caso de delincuencia común, pero en mi casa no se robaron nada», sostuvo.

Además, señaló que existen documentos elaborados por generales del Ejército, donde se aceptaba el conocimiento de una presunta persecución irregular y que fueron entregados al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas (COSUPRE). «Estoy convencida de que a mi esposo lo mataron por denunciar la corrupción», enfatizó.

No obstante, destacó el trabajo de la Fiscalía, que reabrió el caso con nuevos elementos dentro de la investigación, donde también se ha llamado a comparecer a altos mandos de la Fuerza Aérea, «que ya comparecieron en 2011 pero no dijeron nada de lo que ahora están diciendo».

Para Jorge Luis Ortega, abogado del coronel de la FAE Vicente Illescas, uno de los procesados por la compra de los helicópteros Dhruv, señaló que es importante que se mantenga la independencia de los dos procesos judiciales. En cuanto a la adquisición de las aeronaves, recordó que su defendido fue designado como asesor operativo en la comisión de recepción de ofertas, lo que significa que su participación se limitó a esa fase.

Además, frente al delito de peculado que se acusa por parte de Fiscalía, Ortega mencionó que no se especifica en dónde se establece la supuesta falta de que se los acusa. Asimismo, en cuanto al perjuicio al Estado por USD 66 millones, aclaró que el país recuperó USD 53 millones con el pago del seguro de los helicópteros siniestrados. «El perjuicio económico, que es lo que persigue el tipo penal de peculado, no existe», acotó.

Finalmente, Iván Guerrero Bueno, hermano de Gabela, expresó su deseo de que el caso del asesinato «tenga un final justo» para toda la sociedad ecuatoriana, y pueda traer paz para su familia.

Mira el programa completo: 

Noticias relacionadasMás noticias del periodista

AnteriorSiguiente