La minería ilegal es un problema latente en el país. En la provincia de Napo, estos trabajos han contaminado gran parte del río que lleva el mismo nombre y sus afluentes, algo que ha sido denunciado por el colectivo Napo Ama la Vida desde hace más de dos años.

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En Notimundo al Día, Eduardo Vayas, presidente del Colectivo Napo Ama la Vida, denunció las afectaciones al medio ambiente provocadas por la minería, tanto legal como ilegal. «Estamos ante una agresividad minera que destruye los recursos hídricos, durante las 24 horas del día», expresó.

El activista manifestó que, pese a que el conflicto se denuncia de forma permanente desde hace más de dos años, las autoridades de la Provincia han hecho caso omiso a sus reclamos. «Sin duda, la minería ilegal es la que más daño ha hecho», refirió Vayas y advirtió que en la zona no existen controles ni regulación para esta actividad.

Vayas acotó que, producto de estas acciones, hay ríos en la provincia de Napo declarados como muertos, como el Chumbiyacu o el río Blanco, y otros que se encuentran en proceso de degradación. El problema, añadió, es que todos estos desembocan en el gran Río Napo, causando un gran daño ambiental, y afectaciones a la salud de los pobladores.

La falta de control, para Vayas, se debe al poder de las «mafias» que operan y la complicidad de las autoridades locales. Informó que en la aldea Yutzupino, por ejemplo, ingresaron recientemente maquinaria y aproximadamente 1.200 personas, a vista y paciencia de todos.

«El argumento que ponen las autoridades es que las comunidades no permiten su ingreso«, dijo Vayas, aunque consideró que esto se debe a la permisividad que existe desde hace muchos años. Además, sumado a las regalías que reciben los pobladores, ante una falta de planes de desarrollo para la zona. «Ellos son víctimas de esta situación, agravada por la pandemia», lamentó.

Además, denunció que en estas actividades están involucradas autoridades locales, como los alcaldes de Carlos Julio Arosemena Tola, Tena y Archidona. «En los territorios que ellos administran no se ha hecho absolutamente nada (…) están involucrados en el tema de maquinaria. Por ejemplo, el alcalde de Archidona es dueño de una concesión minera», apuntó Vayas, explicando que todas estas denuncias ya han sido presentadas con anterioridad.

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