Recursos de apelaciones, diálogos telefónicos y otras estrategias para defensa de sus clientes entablaron inmediatamente los abogados de los 15 procesados por el delito de asociación ilícita para la comercialización y venta de insumos médicos a hospitales de Guayaquil, que se habrían realizado mediante actividades que serían irregulares y que por ello obtuvieron ingresos económicos que no fueron justificados, según la Fiscalía.
Por este caso, adicional a otros procesos en curso, se les dictó prisión preventiva a tres de los hermanos Bucaram Pulley y a Daniel y Noé Salcedo Bonilla, los nombres más visibles de los vinculados en distintos casos de corrupción actual que investigan las autoridades ecuatorianas.
La información de las bitácoras de seguridad de los edificios en los que presuntamente se reunían los involucrados, en el norte de Guayaquil; las pericias a insumos médicos incautados en un local deportivo; y las copias certificadas del proceso por enriquecimiento ilícito privado que se lleva en Santa Elena (desde el 2 de junio) en contra de dos israelitas que vendían medicinas y que mencionaron a Jacobo Bucaram (quien supuestamente les compró medicinas por unos USD 300 000) fueron parte de los elementos de convicción que presentó la Fiscalía para procesar, el jueves último, a los quince involucrados.
Adicional, la fiscal Claudia Romero, que lleva la causa, habló de los registros societarios de cada investigado, así como los de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y del Servicio de Rentas Internas (SRI). Ella pidió la prisión preventiva para los que considera involucrados.
Tras su exposición en la audiencia de formulación de cargos, que duró más de trece horas, la jueza Gianella Noritz dictó prisión preventiva contra once de los procesados y a los les dio otras medidas.
Así, se dictó prisión preventiva contra los hermanos Jacobo, Michel y Abdalá (más conocido como Dalo) Bucaram Pulley; Daniel y Noé Salcedo Bonilla; Jorge Henriques, exjefe de compras del hospital Teodoro Maldonado Carbo; Karina Cadena Aguilera; Stéfano Adum Casanova; Federico Zenk Alfaro, cuñado de Carolina Jaume, quien semanas atrás acudió con su esposo a dar su versión a la Fiscalía en este caso; Xavier Jordán Mendoza y Pablo Mendoza.
A María Gabriela Pazmiño Pino, esposa de Dalo Bucaram (ambos están fuera del país, al igual que otros de los procesados); a Jorge San Lucas y a Marco Sevillano, la jueza les dictó prohibición de salida de Ecuador y la presentación diaria ante la Fiscalía. Pero Pazmiño, Dalo y sus hermanos no están en Ecuador.
Mientras que a Luis Jairala Zunino, exgerente del hospital del IESS Teodoro Maldonado Carbo, se le dispuso arresto domiciliario y el uso de un dispositivo de vigilancia, porque se alegó problemas cardiacos, hipertensión y a que inicios de julio habría sido diagnosticado con COVID-19, entre otros.
Jairala Zunino, al igual que los Bucaram, Salcedo y otros, es además procesado por otros delitos ligados a corrupción. A él, hace dos semanas le revocaron una orden de detención con fines investigativos en un caso de un perjuicio al Estado de al menos USD 12 millones en 18 contrato con supuesto sobreprecio, ejecutados cuando era gerente del Teodoro Maldonado.
En el caso de Jorge Henriques, exjefe de compras del Teodoro Maldonado y quien enfrenta (prófugo) otros dos procesos penales, su abogado, Jaime Toral Soriano, dijo que apeló este viernes la decisión judicial.
Mientras que Francisco Onofa, abogado de Gabriela Pazmiño, esposa de Dalo, sostuvo que su defendida está buscando un vuelo para regresar a Ecuador cuanto antes y presentarse la próxima semana (7 de agosto) ante la autoridad competente.
«Bajo el principio de inocencia, ella quiere comparecer, quiere esclarecer los hechos, porque no se puede procesar a una persona por vínculos que tengan que ver con lazos de familiaridad. No existe hasta el momento elementos que Fiscalía haya encontrado (en su contra)», dijo Onofa.
Fuente: El Universo – Nota Original : LINK
