Flores consideró que la desaparición de los cuatro menores pone en evidencia la vulnerabilidad de ciertos sectores sociales, durante las operaciones enmarcadas en el conflicto armado interno y los estados de excepción. Cuestionó que se den casos como este, pese a que Ecuador es signatario de tratados internacionales de DD.HH. para dar una atención integral a la niñez.
Respecto del habeas corpus que fue presentado por familiares de los desaparecidos, Flores explicó que con esto se garantiza mayor agilidad en las labores de búsqueda por parte de la Policía, las Fuerzas Armadas, y la Fiscalía General del Estado. «Sabemos que los niños fueron detenidos por los militares y son ellos quienes tendrían que responder dónde están los niños», acotó.
A su criterio, el rol del Ministerio de la Mujer y DD.HH. es fundamental en este caso, para dar una respuesta inmediata a las familias de los chicos. Además, alertó que no cumplir con las medidas dispuestas en la acción de protección aceptada el 24 de diciembre, representaría un nefasto precedente ante los organismos internacionales.
Ecuador enfrentaría llamados de atención y alejaría a posibles cooperantes, como parte de las sanciones que podría recibir el país por este caso. Explicó también que el abuso en la declaratoria de estados de excepción podría traer otras consecuencias al país, por lo que se hace necesario buscar políticas estructurales para mejorar la vida en cada sector donde se aplica el estado de excepción.
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