Gallegos recordó que durante la etapa de juzgamiento se han desarrollado extensas audiencias de hasta 21 horas, con apenas 15 minutos de receso, ante la preocupación latente de que caduque la prisión preventiva para los procesados, prevista para mediados de diciembre.
Luego de la presentación de 33 peritos que han hecho su interrogatorio, el contrainterrogatorio de las contrapartes y la presentación de 73 pruebas documentales, el fiscal general subrogante, Wilson Toainga expuso su alegato de clausura. Sin embargo, Gallegos consideró que de los 21 procesados todavía existen personas inocentes, mientras que otras sí tienen total responsabilidad en el caso de delincuencia organizada que se investiga.
Consideró que hasta el jueves, 21 de noviembre, culminarán los alegatos de clausura, donde el tribunal deberá retirarse a deliberar su decisión. Con la sentencia oral, explicó Gallegos, se interrumpe la caducidad de la prisión preventiva.
A su criterio, este es un caso sólido de la Fiscalía, aunque quedan dudas, respecto de que testimonios, como el de Mayra Salazar, «el cual no fue completamente comprobado». No obstante, ratificó que este es uno de los casos que dejan en evidencia cómo ha permeado el crimen organizado en las altas esferas del Estado y en el sistema judicial.
Gallegos añadió que, al ser este un caso mediático donde existirían intereses políticos, los tiempos también son manejados de cierta manera, haciendo que el apuro haga que los procesos no sean tan sólidos como podrían.
