También se dictó prisión preventiva a 15 procesados más. Abogado defensor de Terán dijo que se está afectando la institucionalidad del país.

El juez Felipe Córdova dictó prisión preventiva para Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, y otros 15 sospechosos dentro del denominado caso Metástasis, por el presunto delito de delincuencia organizada en la que habrían estado inmersos jueces, fiscales, policías, guías penitenciarios, funcionarios judiciales y abogados particulares para favorecer judicialmente a Leandro Norero, alias el Patrón, y a sus familiares.

Según la investigación de la Fiscalía, Wilman Terán participó en el entramado de corrupción cuando fue juez de la Corte Nacional de Justicia. El presidente de la Judicatura y los demás procesados deberán cumplir su detención en la Cárcel 4 de Quito.

Durante la audiencia de formulación de cargos, que inició la noche del jueves 14 de diciembre, la fiscal general Diana Salazar sustentó su teoría del caso con información extraída de teléfonos celulares de Leandro Norero, los cuales fueron conseguidos tras el asesinado de alias El Patrón, ocurrido el 3 de octubre de 2022, cuando estaba recluido en la cárcel de Cotopaxi.

Salazar detalló que en los teléfonos de Norero se encontraron conversaciones que revelarían la presunta participación de Wilman Terán, a quien se identifica como alias El Diablo El Jefe, para favorecer a alias El Patrón con decisiones judiciales.

Se hallaron mensajes donde se habla de reuniones de Terán con Helive A., alias Estimado, operador de Norero, para gestionar acciones que beneficien a alias El Patrón, en las cuales intervendrían otros jueces.

Que en ese sentido hubo otros encuentros de Helive A. con quien sería hombre de confianza Wilman Terán, Álex P., ex coordinador jurídico de la Corte Nacional y actualmente director del Consejo de la Judicatura de Chimborazo (nombrado por Terán).

La fiscal general indicó que se hallaron mensajes donde se relata que Helive A. acudió a la oficina de Terán, en la Corte Nacional, y envió fotos de esa oficina y de un cuaderno con el nombre de Wilman Terán.

En esto también habría participado otro operador de Norero, Christian R. Y se habrían ofrecido $ 450.000 para repartir entre Terán y otros jueces, según el relato de la fiscal Diana Salazar.

Tras la audiencia de formulación de cargos, uno de los abogados defensores de Wilman Terán expresó que existe “preocupación” por la decisión del juez Felipe Córdova porque se basa en una investigación que a su vez está basada en suposiciones.

“Vamos a accionar todas las vías necesarias. De hecho, no descartamos un habeas corpus”, adelantó el abogado Alejandro Piedra y aseguró que se cometieron ilegalidades en la detención de su defendido. “No se está afectando a Wilman Terán, se está afectando a la institucionalidad del país”, reiteró.

El destino de los detenidos

Las detenciones por el caso Metástasis se ejecutaron entre el 13 y 14 de diciembre. Un total de 31 personas fueron detenidas, entre ellos el presidente de la Judicatura.

El juez Córdova dictó prisión preventiva en contra de: Helive A., Alexander N., Álex P., Adolfo R., Mayra S., Santiago Z., José Luis S., Sofía G., Emerson C., María José A., Héctor P., Gabriel G., Wilman Terán, Christian S., Lenin M. y César A.

Por pedido de la Fiscalía, el magistrado dictó arresto domiciliario para Ronald G., por ser un adulto mayor, ya que tiene 65 años de edad.

Sobre Gabriel M., Johan M., Glenda O., Ángel L., John C., Alexander E., Isaac C., Christian Ch., Ángel L., Armando R., Kevin P., Pablo R. (exdirector del SNAI y exjefe de la Dirección Antinarcóticos), Armando F., Daniela B., Daniel M., el juez Felipe Córdova determinó que no se encontraron elementos de convicción claros y precisos para presumir que colaboraron o estuvieron vinculados con la organización delictiva liderada por Leandro Norero.

El juez no dictó prisión preventiva para este grupo de detenidos; sin embargo, para garantizar su comparecencia en el proceso penal, el magistrado dispuso prohibición de salida del país y presentación periódica (una vez cada 15 días).

Córdova no acogió los pedidos de la Fiscalía para la incautación de bienes de los sospechosos o la prohibición de enajenar activos, ya que no se presentó un detalle específico de las cuentas o bienes de los procesados.

Las resoluciones del juez Felipe Córdova se dieron a conocer la tarde del viernes 15 de diciembre. La instrucción del caso durará 90 días.

Fuente: El Universo