Más Allá de los Hechos

Polarización e irregularidades empañan a la justicia ecuatoriana, que en las últimas semanas ha sido blanco de críticas debido a la concesión de medidas como el habeas corpus para delincuentes procesados por distintos delitos, desde actos de corrupción hasta asesinato.

Luis Córdova, profesor e investigador, señaló que no son suficientes los procesos de control internos de las instituciones de la fuerza pública, por lo que insistió en la necesidad que se fortalezcan los procesos de rencición de cuentas para evitar que se siga expandiendo la corrupción.

Leopoldo Quirós, exdirector de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), manifestó que el papel de las entidades de control funciona como una cadena, donde si un eslabón no funciona, «todo se puede desmoronar».

Para Wagner Bravo, exjefe de Estado Mayor del Ejército ecuatoriano, las fuerzas armadas deben ser fortalecidas para que se depuren los malos elementos y puedan continuar sirviendo al país con el honor que les ha caracterizado históricamente.

Luis Hernández, ministro de Defensa, aseguró que, pese a que se han presentado casos de miembros de la fuerza pública involucrados con captadoras ilegales de dinero, no hay un sistema institucionalizado y que los responsables de manchar el nombre de la institución deberán responder ante la justicia.

La captación ilegal de dinero no es un tema nuevo en Ecuador, pero sí ha adquirido una notable relevancia debido a los últimos acontecimientos que han saltado a la esfera pública. Casi un año después de que se conociera de las operaciones de 'Big Money', grupo financiero irregular liderado por Miguel Ángel Nazareno, alias 'Don Naza', la corrupción ha salpicado a instituciones de prestigio histórico, como la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas.

Amapola Naranjo, interpelante en contra de María Paula Romo, manifestó que era necesario sancionar el desempeño de la exministra de Gobierno, durante las protestas de octubre de 2019, porque era “innegable la violación a los derechos humanos” y agregó que la destitución demostró que “cuando ya no existe esa compra de conciencias para el voto, la Asamblea es capaz de cumplir con su rol fiscalizador”.

Francisco Huerta, exministro de Gobierno, impugnó la decisión de la Asamblea Nacional para destituir y censurar a María Paula Romo y consideró “me parece de un cinismo impúdico que los que deberían estar juzgados y presos ahora son los jueces”.

Hernán Pérez Loose, analista político, expresó que la Asamblea Nacional ha dado muestra de “una total mediocridad y falta de interés en asuntos de carácter nacional”, debido que, a su parecer, fue “insólito” que la exministra de Gobierno, María Paula Romo haya sido censurada por lanzar bombas lacrimógenas caducadas hace más de un año, en las protestas de octubre de 2019.

El exvicepresidente de la República, Alberto Dahik, manifestó que las “propuestas locas” del candidato correísta, Andrés Arauz, “apuntan incuestionablemente a un caos” en la economía del Ecuador.