En Notimundo al Día, Alexandra Almeida, coordinadora del Área de Petróleo de Acción Ecológica, aseguró que el último derrame de crudo no es un hecho aislado ni de fuerza mayor, «como las empresas y el Estado quieren hacer ver», sino que está dentro de una serie de incidentes de esta naturaleza que se registran desde hace varios años atrás.
Almeida recordó que el pasado 7 de abril de 2020, ocurrió un derrame, incluso de mayores proporciones, donde se rompieron tres ductos: OCP, SOTE y el Poliducto, con un resultado de al menos 15.800 barriles de petróleo vertidos en la naturaleza. En 2013, en cambio, ocurrió otro derrame del SOTE, con un equivalente a 11.800 barriles de crudo que desembocaron en el río Coca.
La experta señaló que esto es una cadena de sucesos que afectan al ecosistema y la salud humana. «Estamos muy preocupados por los efectos acumulados que tienen estas sustancias, que son nocivas para la salud, en una población que aún no resolvía el problema de 2020 y nuevamente debe lidiar con el mismo suceso en el mismo lugar«, expresó.
#AlexandraAlmeida: “Aproximadamente 100 mil personas fueron afectadas por el derrame de crudo. Se debe reparar integralmente las zonas, eliminar las fuentes de contaminación para garantizar que esto no se repita ”
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— NotiMundo (@notimundoec) February 2, 2022
Almeida duda que el hecho se deba a un accidente, ya que cuando se inició la construcción del Oleoducto de Crudos Pesados (OCP), hace casi 20 años, llevaron a cabo una campaña para evitar que el petróleo pase por la zona, pues presenta un suelo deleznable, fallas sísmicas y, además, es un área volcánica. «Los Gobiernos no hicieron caso a las advertencias», lamentó. Asimismo, dijo que la construcción de la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, en 2014, está relacionada con el proceso de erosión regresiva del río Coca, que colapsó la cascada de San Rafael, en 2020.
Almeida enfatizó en que, inmediatamente después del derrame producido, la empresa responsable debía evitar que el crudo llegue al río, «pues tenían maquinaria y personal para poder hacerlo», sin embargo esto no se dio. Asimismo, dijo que se debió advertir a las comunidades aledañas sobre la contaminación del agua, algo que tampoco se realizó, y producto de ello ahora existen más de 100 mil personas afectadas directa e indirectamente por el suceso.
Acotó que «no hubo una alerta para las comunidades que realizan labores de pesca y consumo del agua», y que en un recorrido por el río Napo se constató la contaminación en su caudal. «Estos daños son irreversibles, pero creemos que se debe tomar en serio la situación. Hay que elaborar un plan de reparación integral por parte de las autoridades», puntualizó.
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