Un total de 61 comparecencias están definidas para la etapa de prueba de cargo y de descargo dentro del juicio político que procesa la Comisión de Fiscalización en contra del excontralor del Estado Pablo Celi de la Torre, acusado de incumplir funciones en asuntos como el desvanecimiento de glosas; arrogación de funciones, interferencia en el proceso electoral y extralimitación de funciones.

En la causa, se denunciaba una presunta vulneración de parte de Contraloría, por pretender “modificar las resoluciones de funcionarios públicos del pleno del CNE”. Créditos: El Universo.

El 5 de julio, Celi de la Torre renunció de manera irrevocable a sus funciones como contralor subrogante de la Contraloría General del Estado. El documento fue ingresado al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), argumentó que tomó la decisión pensando en el país, en la institucionalidad, para que no se declare en acefalía la institución.

La petición de juicio político la realizó el legislador de la bancada Unión por la Esperanza (UNES) Juan Cristóbal Lloret, quien formuló seis motivaciones para interpelar al exfuncionario. Este fue uno de los últimos procesos políticos que calificó la anterior administración de la Asamblea.

Lloret aclara que el juicio sí incluye aspectos relacionados a las causas por las cuales Pablo Celi está siendo investigado por la Fiscalía General del Estado y acusado de delincuencia organizada y desvanecimiento de glosas, en el caso denominado Las Torres.

La primera motivación del juicio es por arrogación de funciones, pues Lloret sostiene que no hubo claridad ni legalidad para asumir el cargo de contralor subrogante.

Una segunda razón del juicio se refiere a una supuesta indefensión del Estado por parte de Celi, al no haber determinado las responsabilidades administrativas y penales en contra de la empresa Odebrecht, lo cual impidió ejecutar posibles reparaciones a favor del Ecuador para recuperar los dineros de los actos de corrupción.

La tercera acusación se refiere a una supuesta violación a la Ley que rige a la Contraloría del Estado al adjudicar un contrato de publicidad a favor de la empresa HDC Producciones, previamente cuestionada por la propia institución, donde además se vulneraron los términos de referencia, privilegiando de manera ilegítima a su gerente principal, Daniel Salcedo, hoy procesado por presuntos actos de corrupción.

Pablo Celi tendrá que defenderse también de una supuesta extralimitación de sus funciones al interferir en las competencias de la Función Electoral al pretender constituirse en un tribunal de alzada por tratar de revocar un acto administrativo del Consejo Nacional Electoral (CNE), sobre la inscripción de los movimientos políticos Podemos, Fuerza Compromiso Social, Libertad es Pueblo y Justicia Social.

El quinto elemento de juicio se relaciona con una supuesta interferencia en el proceso electoral del 2021, pues a criterio del interpelante el excontralor pretendió obstaculizar e interferir en el proceso electoral, al solicitar al CNE que proceda a una auditoría de la plataforma tecnológica para el escrutinio electoral de la segunda vuelta electoral presidencial.

La última acusación se refiere a los casos de desvanecimiento de millonarias glosas. Pablo Celi habría montado una red para desvanecer glosas por alrededor de $ 13 millones en la trama de corrupción en Petroecuador EP, y toma como referencia la investigación llevada adelante por parte de la Fiscalía General del Estado por la presunta participación delictiva en el cometimiento del delito de delincuencia organizada. El exfuncionario habría incumplido sus funciones contempladas en los artículos 212 de la Constitución, y 22 y 24 de la Ley de Servicio Público.

La Comisión de Fiscalización, presidida por Fernando Villavicencio, aprobó un calendario de comparecencias que empezará el 19 de julio y que terminaría el 27 de julio con la presentación de pruebas de descargo del acusado, Pablo Celi, quien guarda prisión preventiva en la cárcel 4 de Quito. A partir de ahí, la comisión tendrá cinco días de plazo para presentar y aprobar un informe para conocimiento del pleno de la Asamblea Nacional, aunque también puede solicitar cinco días adicionales de plazo.

En la lista de 61 comparecencias consta la presencia de las autoridades del CNE, TCE, excontralores del Estado, exfiscales del Estado, exfuncionarios de Petroecuador, actuales funcionarios de la Contraloría del Estado, representantes de organizaciones políticas, representantes legales de empresas públicas y privadas, y personas vinculadas dentro del caso Las Torres, que investiga la Fiscalía del Estado.

El fin de semana, la Comisión de Fiscalización realizó algunos ajustes al calendario de comparecencias, tomando en cuenta que el excontralor Carlos Pólit pidió diferimiento de la audiencia telemática para el 25 de julio. El exfuncionario tendrá que responder sobre las acciones de personal que motivaron su salida, así como mostrar la base legal de los encargos que realizó en la Contraloría del Estado.

En cambio, la fiscal del Estado, Diana Salazar, convocada para el 21 de julio, tendrá que presentar un informe sobre la relación de los hechos y elementos de convicción utilizados en la audiencia del 14 de abril pasado, en la que formuló cargos en contra de Pablo Celi por presunto delito de delincuencia organizada.

Los exfuncionarios de la Contraloría tendrán que responder sobre las operaciones que se hicieron en el interior de la Contraloría para llegar al desvanecimiento de glosas y revelar pruebas de una supuesta persecución a funcionarios públicos y de la Contraloría.

También están convocados exfuncionarios para que respondan respecto a la contratación de servicios de publicidad con la Contraloría con una empresa que está relacionada con Daniel Salcedo, quien guarda prisión por actos de corrupción. Otros están llamados a dar su versión sobre los informes presentados respecto al incendio del edificio de la Contraloría.

Nota Original: El Universo – LINK