Para continuar con la planificación, la Comisión también acordó que el cuerpo legal sea remitido al Ejecutivo para que el presidente Lenín Moreno y los miembros de su gabinete hagan las respectivas observaciones.
“Luego de talleres con organizaciones, cambiamos sustancialmente el enfoque del proyecto”, dijo Yépez e indicó que el objetivo es poner garantías claras a favor de la libertad de asociación. Eddy Peñafiel, de Pachakutik, resaltó que el cuerpo fije la modalidad en la que ingresarán a las sociedades los integrantes de una organización de la sociedad civil.
En la ley existen tres planteamientos. El primero de ellos propone que la libertad de asociación no dependa de constituir una persona jurídica, salvo los casos que prohíbe la ley. El segundo planteamiento es que los temas de libertad de asociación no queden a discreción del Presidente de la República a través de un decreto ejecutivo. Por el contrario, la ley estipula que las causales de disolución sean concretas.
Por ejemplo, solo en caso de infracciones penales declaradas por un juez. Ahora, según Ángel Gende, asambleísta independiente, se debe incluir a las comunidades, pueblos y nacionalidades dentro de la ley porque “tienen sus propias lógicas de asociación”. Para Yépez, titular de la Comisión de Participación Ciudadana, un logro fue que la ley establezca la reducción de la tramitología, principal queja de los ciudadanos.
