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El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) considera que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio (Cpccs) está “extralimitando” el mandato expresado en la pasada consulta popular y referendo. Para la organización, el pueblo aprobó una labor específica para el Consejo.

El Telégrafo

Sin embargo, el CDH considera que hay consejeros que han expresado que “la voluntad popular les ha conferido una potestad extraordinaria y sobre esa base ellos han hecho una interpretación normativa”.

En un comunicado, difundido este lunes 14 de mayo del 2018, se informó que ello ha derivado en acontecimientos que contribuyen a debilitar la vigencia de la Constitución y los derechos de participación de los ecuatorianos.

“Se ha indicado inclusive que sus actos se encuentran al mismo nivel que la propia Constitución, creemos que esa afirmación es un error. El efecto de aquello es que el Consejo Transitorio realiza una serie de actos extralimitándose del mandato recibido por el pueblo ecuatoriano, arrogándose funciones para las que no tiene atribución ni competencia”.

Entre las irregularidades mencionan el encargar a nuevas autoridades en reemplazo de las cesadas sin observar que las leyes específicas sí establecen reglas de sucesión; pretender evaluar y cesar a la Corte Constitucional cuya designación de acuerdo a la Constitución no le corresponde al Cpccs, sino a una Comisión Calificadora en que tiene participación varias funciones del Estado.

La CDH considera que a pesar de que el Consejo ha cesado a varias autoridades se encuentra incumpliendo su obligación de convocar inmediatamente a los nuevos concursos. También criticó la omisión del Gobierno al inobservar el plazo de 30 días para presentar un proyecto de Ley que regule la organización del nuevo Cpccs. “Para armonizarlo con las enmiendas constitucionales que se aprobaron en el referendum”.

El Cpccs, dentro de sus acciones, ha cesado en sus funciones a Patricio Rivera, de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria; a Carlos Ochoa, de la Superintendencia de Comunicación; y a Ramiro Rivadeneira, de la Defensoría del Pueblo.

Fuente: El Comercio