Luis Sánchez, en Notimundo, habló acerca de los desalojos que se han producido en la comunidad Tundayme, debido a la adjudicación del proyecto minero Mirador, en Zamora Chinchipe. Los últimos desalojos se realizaron el 30 de septiembre y el 16 de diciembre. En estos operativos, cerca de 40 familias han sido desalojadas, según Sánchez, sin una notificación previa, ni la orden de un juez.
Sánchez aseguró que no se oponen al proyecto Mirador, sino a la vulneración de la Constitución de la República. Según el dirigente de Tundayme, deberían haber sido consultados acerca de los cambios en su territorio, a pesar de que una consulta no es vinculante.
Además, dijo que no han sido indemnizados ni reubicados después de los desalojos. Sin embargo, el Estado dispuso el pago de, aproximadamente, 1.000 dólares por cada hectárea de las personas que han sido desalojadas. Para Sánchez el valor es “irrisorio” y no es el adecuado para los comuneros ya que su única actividad económica es la agricultura.
Finalmente, expresó que piden que se protejan sus derechos. Si su pedido no es escuchado en instancias nacionales, los afectados acudirán a instancias internacionales.
