A Édgar Romero, quien dio paso a la acción de protección presentada por la asambleísta oficialista Inés Alarcón, para que se retomen los juicios políticos en contra de tres exfuncionarios del gobierno de Guillermo Lasso, el secretario de la Asamblea lo calificó como un juez «de bolsillo».
A su criterio, la sentencia es ilegal e inconstitucional, pues en la sentencia 122-22-JC/23 de la Corte Constitucional (CC) se establece que ningún magistrado puede entrometerse en la facultad fiscalizadora de la Legislatura. En esa misma sentencia de la CC, se determina que esto debe ser comunicado por el Consejo de la Judicatura (CJ) a todos los jueces del país.
Esto evidencia que, con pleno conocimiento de dicha sentencia, el juez Romero falló a favor de lo solicitado por Alarcón, de la bancada gobiernista de ADN. «Esta es una resolución que rompe el ordenamiento jurídico, que se va en contra del Estado de Derecho», criticó Muñoz. Por ello, resaltó la decisión del Pleno parlamentario, que condenó y rechazó lo resuelto por el juez de Quitumbe y ejercer las acciones correspondientes, como la apelación a la sentencia y solicitar a la CC el seguimiento del dictamen.
Ahora, la Asamblea busca que la CC determine si la sentencia del juez Romero fue dictada en debida forma y se dé seguimiento al dictamen que determina que ningún juez de primera instancia puede intervenir en las decisiones del primer poder del Estado.
Muñoz criticó que el oficialismo busque, con la sentencia favorable, retrotraer los juicios políticos «a conveniencia». Hasta que la CC no se pronuncie, la Asamblea debe esperar, acotó Muñoz. «Llama la atención que haya sido el propio Gobierno el único sector en toda la sociedad que ha aplaudido la sentencia de este juez, conseguida entre manos y media noche, y que esté a favor de que se le meta la mano al Legislativo», acotó.
