La esperanza de mayor estabilidad social, política y económica, empujan al electorado a volver a las urnas este domingo, 13 de abril.

En Decisión Ecuador 2025, con Jorge Ortiz, se abordaron parte de los problemas estructurales y coyunturales que aquejan al país. El primero de ellos, y quizá el más urgente y preocupante: La inseguridad.

Para Paulina Aguirre, abogada penalista, el Estado tiene una deuda «enorme» en seguridad y justicia. En el primer caso, se han propuesto políticas que buscan combatir a un tipo de delincuencia común, sin tomar en cuenta que a las organizaciones actuales, que se constituyen como «verdaderas empresas criminales», se debe enfrentar de otro modo.

Desde su punto de vista, no se requiere robustecer la normativa ya existente, sino inteligencia y proactividad para buscar prevenir las conductas ilícitas y no actuar de forma reactiva, como ocurre actualmente. Por el lado de la justicia, un reto inmediato es que «responda a todos por igual» y no viabilice la impunidad.

Para que estos cambios ocurran, según Aguirre, también es necesario combatir la «apatía social» por la función pública y los cargos importantes de control, precisamente, debido a la falta de transparencia y la corrupción que ha permeado diversas instituciones. En este sentido, hizo un llamado a que desde la sociedad civil se ejerza un control permanente para monitorizar y cuestionar al poder. «La gente tiene que estar muy alerta (…) la sociedad no puede dejarse», apuntó.

Este criterio fue compartido por el periodista y excanciller de la República, Benjamín Ortiz, quien añadió que la sociedad civil debe ser el nuevo protagonista, para reconstruir la confianza y raíz de eso fortalecer el tejido social y generar los cambios desde la estructura. Ortiz dijo que uno de los principales problemas es que se ponen todas las esperanzas en los políticos, y ello no permite despuntar a la sociedad. «Las sociedades que se desarrollaron son sociedades que confían en el otro», agregó.

Según Ortiz, lo que le falta a Ecuador es lograr una agenda mínima de acuerdos nacionales, como ha ocurrido en países vecinos, como Perú. Con ese camino trazado, dijo, será mucho más fácil lograr la añorada estabilidad, pese a los «torbellinos» que puedan producirse en el ámbito político.

Pablo Lucio Paredes, director de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), explicó que para que todos los cambios en cuestión se materialicen es indispensable que se registre un crecimiento económico. «Eso no solo ayuda en lo social, sino en lo político», recordó el académico.

Sin embargo, lamentó que hasta el momento la economía ecuatoriana no despegue, dado que para que se registren números positivos se debería tener un crecimiento entre 4% y 5%, pero en los últimos 10 años se ha alcanzado apenas un 2%, lamentó.

Por otro lado, insistió en que la dolarización es fundamental como un «cimiento» para el desarrollo nacional, por lo que no resulta conveniente seguir discutiendo su utilidad o continuidad, sino cómo fortalecerla.

Andrés Isch, analista político, señaló que existe una deuda pendiente de parte de las élites, los políticos e incluso la sociedad civil, para que el discurso y propuestas que se manejan, aterricen en el día a día de la ciudadanía, sobre todo, en los sectores más empobrecidos. Esto con el fin de que se comprenda la necesidad de defender un modelo de libertad donde sea más fácil salir de la pobreza.

También enfatizó en que es necesario realizar ciertos cambios a la Constitución, que, a su criterio, «fue creada para tramposos». En este sentido, Isch precisó que una reforma constitucional podría ser peligrosa también, pero deben hacerse ciertos cambios que puedan viabilizar cambios urgentes, como una mejor designación de las autoridades de control.

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