Los siete vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y una funcionaria fueron sancionados por una jueza a pagar una multa progresiva diaria de la quinta parte de una remuneración básica, al determinar que se incumplió su sentencia para que avance el concurso para la elección del titular de la Defensoría Pública.
La jueza de la Unidad Judicial Penal del cantón Quevedo (Los Ríos), Jenny Freire Arias, concluyó que se incumplió su sentencia emitida en enero del 2023, en la que negó una acción de protección y ordenó que la comisión ciudadana, que lleva a cabo el concurso para la elección del defensor público, continúe.
Su disposición fue que ningún otro juez o autoridad administrativa realice cualquier acto ulterior para paralizar o suspender el normal desarrollo de esta elección e inadmitió una acción de protección para que se permita la participación de un candidato que no había cumplido con los requisitos legales y reglamentarios.
En una providencia de este 25 de octubre del 2023, la magistrada concluyó que el CPCCS incumplió su fallo y ordenó al organismo y a la comisión ciudadana que en el término de 48 horas reanude el concurso público «dejando sin efecto cualquier acto o disposición que suspenda, retroceda o retarde el normal desarrollo».
Precisó que la elección debe retomarse desde la «fase más avanzada a la que se haya llegado», lo que sería desde el «examen práctico y la fase de impugnación».
La sanción para los siete vocales comprende una multa compulsiva progresiva y diaria de la quinta parte de una remuneración básica (USD 450) a partir de esta fecha (que sería desde el 25 de octubre) hasta la reanudación del concurso de méritos.
Dicha multa diaria ascendería a los USD 90.
