El Gobierno de Guillermo Lasso busca sintonizar con la ciudadanía para resolver los urgentes problemas que aquejan al país, como la inseguridad, la inestabilidad institucional y los daños contra el medio ambiente. Sin embargo, diversos criterios apuntan a que el proceso fue apresurado y que, además, demuestra las graves fallas que tiene Ecuador en temas como el de la justicia.

En Más Allá de los Hechos, Pamela Aguirre Castro, abogada constitucionalista, recordó que el momento en que actualmente se encuentra el proceso de consulta popular es la evaluación por parte de la Corte Constitucional para corroborar que las preguntas y temas propuestos estén enmarcados en la Carta Magna. Recordó que las enmiendas constitucionales no pueden reformar la estructura del Estado, modificar los procedimientos de reforma de la Constitución, ni tampoco afectar derechos y garantías.

En este sentido, explicó que el papel de la Corte es analizar cada uno de los anexos, y no de las preguntas como tal. «Si bien es importante la pregunta, lo crucial como objeto de análisis es el cambio contenido en el anexo», añadió. En este sentido, explicó que preguntas como la referente a eliminar la facultad de designación de autoridades por parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs) y pasar esa competencia a la Asamblea Nacional, tendría cambios en el procedimiento, así como en una serie de artículos que tienen que ver con esta competencia.

Apuntó que con la creación del CPCCS, establecida en la Constitución de 2008, buscaba «quitarle el tinte político» a la designación de autoridades, a través de la meritocracia con concursos. Sin embargo, señaló que en su tiempo de vida el organismo no ha cumplido la misión con la que fue concebida. Afirmó que resulta complicado seguir buscando la institucionalidad en el país «con un órgano que ha sido la piedra en el zapato de nuestra democracia».

Aguirre manifestó que la consulta popular en estos momentos no es necesaria en temas como el de seguridad, pues como evidencia está el caso del estado de excepción que rige actualmente en Guayaquil, Samborondón y Durán, donde aún con la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía, siguen registrándose altos índices de criminalidad y violencia.

Apuntó que hay falencias en el texto presentado a la Corte, pues en el tema referente a la extradición para quienes cometan delitos relacionados al crimen transnacional, se deja abierta la puerta a muchas discrecionalidades, ya que no se establece una lista definida de los mismos.

Por su parte, Alberto Acosta Espinosa, expresidente de la Asamblea Constituyente, señaló que el proceso de consulta popular representa «un dolor de cabeza» para el presidente Guillermo Lasso, pues ha planteado la posibilidad de llevar a cabo este proceso desde hace casi un año. Sin embargo, una vez que ha iniciado el camino, se ha anunciado que el listado de preguntas no está completo y que podrían venir otras más.

Criticó el hecho de que algunos de los temas planteados no fueron socializados ni consensuados con entes como la Fiscalía General del Estado, respecto a la pregunta 3, que plantea la independencia de ese órgano, pero que fue rechazado por parte de la fiscal Diana Salazar, quien aseguró que no se podría garantizar la independencia con la creación de un nuevo Consejo Fiscal.

Para Acosta, el Ejecutivo se apresuró en llevar adelante el proceso, por lo que deben meditarse con detenimiento las preguntas planteadas, sobre todo la referente a la eliminación de facultades de designación que tiene el Cpccs. «La solución que se plantea no es la más adecuada», pues nuevamente se volvería a lo que sucedía hasta 2007 con el Congreso Nacional y el tema vuelve al ámbito político. Por ello, compartió la necesidad de que se evalúen con detenimiento los anexos que trae cada producto.

Aseguró que el gran objetivo de Lasso no es resolver los tres ejes en torno a los cuales gira la consulta, sino que busca desesperadamente «algo de respaldo para su alicaído Gobierno». Además, advirtió que si la ciudadanía termina por darse cuenta de que los planteamientos no son la solución para los problemas que atraviesa el país, «va a ser una oportunidad para un rechazo masivo».

En cuanto a la pregunta referente a la extradición, para Acosta representa un reconocimiento de lo debilitada que está la justicia en el país y que el Régimen no tiene la capacidad para enfrentar delitos del crimen organizado y narcotráfico. «Necesitamos una justicia independiente y autónoma» dijo y añadió que este proceso caminó «muy lentamente» desde la Constituyente de 2008, «cuando Rafael Correa, con el respaldo del pueblo, metió la mano en la justicia en 2011 y no pudimos resolver eso».

Finalmente, Roberto Izurieta, director de Proyectos Latinoamericanos de la Universidad George Washington y analista político de CNN, expresó la necesidad de que la consulta sea vista como una oportunidad de debatir las soluciones para enfrentar los problemas actuales del país, e hizo un llamado a que no sea politizada, para que se enfoque en lograr sus objetivos. «Los problemas fundamentales no se resolverán con Consulta Popular ni vía Decreto, sino en la medida de que una minoría básica nos ponemos de acuerdo para buscar las soluciones. Esta es una oportunidad para ese camino», añadió.

Además, aseguró que «el Gobierno está haciendo lo que tiene que hacer” y que sería positivo que se encuentren alternativas para hacer frente a los conflictos que aquejan a la sociedad ecuatoriana.

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