La Contraloría ha aprobado trece informes sobre contratación de deuda externa del país entre el 2002 y el 2016, sobre temas puntuales en torno a contratos de preventa petrolera, apertura de cuentas, ingresos y egresos en bancos chinos e incluso sobre contratos de deuda pública por parte del Ministerio de Finanzas hasta el 31 de enero de 2007. Así se observa en un resumen oficial sobre los procesos realizados por el ente de control. Ninguno de ellos es auditoría a la deuda pública en general.
Esto, en relación con las declaraciones que hiciera el martes el expresidente Rafael Correa, sobre que el examen anunciado ese mismo día por parte del organismo sería ilegal, debido a que no se podría realizar una doble auditoría.
El 28 de julio, el presidente de la República, Lenín Moreno, sinceró los datos de las obligaciones que tiene el país al indicar que la deuda pública está en $ 41.893 millones; hay $ 8.000 millones de otros pasivos y contingentes que llegan a $ 4.367 millones y unos $ 1.000 millones más por las deudas a jubilados por el incentivo jubilar.
La auditoría decidida en el Acuerdo 024 por parte del contralor encargado Pablo Celi debería abordar varias aristas.
Para Jaime Carrera, directivo del Observatorio de la Política Fiscal, es adecuado realizar una auditoría a fin de clarificar el monto de deuda interna y externa, las preventas e incluso tenedores de deuda interna.
Se debería identificar, dice, a los responsables de haber violentado el límite del 40%. Además se debería observar qué tan convenientes para el país fueron las tasas a las cuales se contrató.
Es importante establecer si los dineros se destinaron a gastos corrientes, agrega. Sobre este tema, comenta que se conoce que hubo varios gastos de inversión, calificados como gastos corrientes de inversión, que caerían en esta irregularidad.
Para Alberto Acosta Burneo, editor de Análisis Semanal, la Contraloría debe publicar todos los contratos de deuda de las preventas petroleras. Pide establecer si fue posible o no obtener recursos en mejores condiciones de plazo y tasa.
Ecuador, al momento, tiene un antecedente de auditoría general de la deuda realizada por el régimen de Rafael Correa.
