Herrera recordó que las acciones en materia de seguridad y cooperación internacional, deben estar amparadas en el derecho internacional y respetando la normativa interna, caso contrario, podrían traer repercusiones para el Estado ecuatoriano y cambiar la dinámica del crimen organizado.
El beneficio de una eventual cooperación de tropas militares norteamericanas podría fortalecer el área de inteligencia, así como la capacitación de la fuerza pública, dijo Herrera. Sin embargo, añadió, que se debe tener claro hasta dónde llegaría el acuerdo, ya que, según la experiencia de otros países, como Colombia, hubo un despliegue de los grupos delincuenciales hacia zonas donde no existía la problemática, además de la proliferación de estructuras criminales.
«Esto ocurre cuando no se fortalece el aparataje de seguridad interno y no se piensa desde una política pública estructural», agregó Herrera. En este sentido, señaló que Ecuador debe evaluar la ayuda internacional, siempre y cuando no afecte la soberanía y que esté pensada en la dinámica del crimen organizado y delincuencia común, con una política pública regida a la seguridad ciudadana.
A su criterio, una eventual intervención de grupos militares estadounidenses ayudará a reducir la criminalidad a corto plazo, no obstante, insistió en que se requieren políticas a largo plazo, caso contrario, se corre el riesgo de que la actividad delictiva se expanda a otros puntos del país.
Herrera señaló que el acuerdo con Estados Unidos debe ser bilateral y no unilateral, además de la transparencia que se requiere en cuanto a la información del alcance de ese posible respaldo, para que un tema tan sensible como la seguridad no sea politizado.
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