En Notimundo al Día, André Benavides, abogado constitucionalista, explicó que la posesión de Roberto Romero como nuevo superintendente de Bancos no es procedente, debido a que esa es una atribución exclusiva de la Asamblea Nacional, la cual censuró y destituyó previamente a los consejeros que llevaron a cabo el proceso, durante la madrugada del sábado 3 de diciembre.
Luego de conocida la noticia, el Legislativo adelantó que «no reconocerá ningún acto o resolución de funcionarios y/o servidores o trabajadores destituidos por ser ilegítimos, ilegales e ilícitos«. Benavides explicó que los cuatro vocales que posesionaron a Romero no podían tomar estas decisiones debido a que esta es una atribución privativa del primer poder del Estado. Por ello, «si decían que no existía causal de juicio político, ahora ellos mismos han generado una para que se les siga otro juicio», precisó.
En este sentido, indicó que Romero no debe ejercer el cargo, que empieza a surtir efectos desde el momento en que es entregado el acuerdo legislativo por parte del Presidente de la Asamblea. Recordó, además, que en esta pugna política también tiene responsabilidad el Parlamento, pues este «ha quedado en deuda con los ecuatorianos», ya que efectúan el control político «según afectos y desafectos». Esto debido a que, para el jurista, los siete vocales del Cpccs debieron ser destituidos por no cumplir funciones.
.@AndreBenavidesM: «El @CpccsEc destituido no sólo designó al Superintendente de Bancos, sino que se arrogó funciones de la legislatura y lo posesionó. Esta es otra causal para seguir un nuevo juicio político»
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— NotiMundo (@notimundoec) December 6, 2022
Rechazó que, en lugar de resolver el conflicto por la vía del derecho, la Asamblea está ejerciendo su derecho a la «pataleta» mediante comunicados y ruedas de prensa. Insistió en que lo que se debía hacer era solicitar la revocatoria de la medida cautelar, otorgada por un juez de La Concordia, para poder posesionar a los vocales suplentes. En caso de ser negado el pedido de revocatoria, se puede apelar ante la Corte Provincial de Santo Domingo de los Tsáchilas. «Una inconstitucionalidad no se soluciona por la fuerza de los votos ni con otra leguleyada», apuntó.
Benavides enfatizó en que en esta pugna también tiene sus intereses el Ejecutivo, pues el país participará, en febrero de 2023, en una consulta popular donde, no solo se trasladarán las funciones del CPCCS a la Asamblea Nacional, sino que en las enmiendas transitorias se establece que las actuales autoridades se prorroguen por 2 años adicionales. «Al Gobierno no le interesa que se nombren nuevas autoridades, sino tratar de patear la pelota para ver la forma de tener algo de respeto a la institucionalidad», puntualizó.
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