Desde la renuncia de María del Carmen Maldonado a la presidencia del Consejo de la Judicatura (CJ) se desató una pugna por ocupar la titularidad del organismo, que es responsable de la administración, vigilancia y disciplina de la Función Judicial. Ahora, con una terna presentada por tercera ocasión para designar a la nueva autoridad de la institución, existen dudas sobre la transparencia que existirá en el CPCCS para llevar a cabo la misma.

Con la renuncia de Maldonado, el magistrado Álvaro Román, su suplente, reclamaba la titularidad de la Judicatura, mientras que el máximo representante de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), Iván Saquicela, defendía su derecho a enviar una terna para la designación de la nueva autoridad. Esto en medio del intento de la Asamblea Nacional para destituir a los actuales representantes del CJ, los vocales Fausto Murillo, Juan José Morillo y Maribel Barreno, por presuntamente haber incumplido sus funciones.

En Más Allá de los Hechos, Hernán Ulloa, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), explicó que al ser este un tema complejo no ha podido ser comprendido a profundidad, por lo que aclaró que el órgano que preside ha exhortado a la Corte Constitucional (CC) que delimite «reglas claras» para la designación del titular de la Judicatura. Recordó que la Constitución de la República establece que quien ocupe ese cargo debe salir de una terna de la CNJ.

No obstante, precisó que una de las competencias del CPCCS es cumplir el dictamen interpretativo, donde se indica que no se puede modificar lo que había decidido el Consejo transitorio. Por ello, las instrucciones que se solicitaban a la CC buscaban aclarar si se debía desconocer la designación de Román o designar a su suplente para que ocupe la presidencia del CJ. «Ahora que la CC se ha pronunciado, no existe ninguna intención de quitarle la posibilidad a la presidencia de la CNJ para que remita una terna» para el cargo, aclaró.

En este sentido, defendió el accionar del CPCCS, «que se ha parado como una barrera» para impedir que injerencias políticas afecten la institucionalidad, haciendo referencia a la negativa de las dos ternas remitidas inicialmente por Iván Saquicela.

Sin embargo, para el abogado constitucionalista Rafael Oyarte, lo que aquí ha ocurrido «es un desastre absoluto«, que inició cuando el CPCCS transitorio empezó a designar autoridades sin ternas. En este caso, las 5 instancias competentes (CNJ, Asamblea Nacional, Defensoría Pública, Fiscalía y Presidencia de la República) debían presentar una terna para que se seleccione al delegado. Pero existieron falencias desde un inicio, cuando de los tres nombres propuestos por la CNJ se invalidó a dos, dejando a Maldonado como titular sin contar con suplentes para el cargo. «Entonces se tomó ‘prestado’ a un miembro de la terna de la Fiscalía (Román), que además era el tercero», añadió.

Según Oyarte, la renuncia de «inexplicable» de Maldonado no garantiza que el nuevo nombramiento del titular del CJ mejore la situación en la función judicial, aunque aseguró que existen cuadros destacables dentro de la tercera terna que fue presentada por la Corte Nacional.

De su lado, Ulloa reconoció que luego de todas las decisiones «arbitrarias» tomadas por el CPCCS desde sus inicios, «es muy difícil tratar de recuperar la confianza de la ciudadanía», pero aseguró que desde su administración se ha trabajado arduamente para que esto se haga realidad. Aclaró que la designación de cualquier autoridad es un proceso «compartido», entre el CPCCS y la ciudadanía, que mediante las impugnaciones puede ejercer el control social.

Detalló que el proceso se encuentra actualmente en la fase de revisión de la documentación correspondiente sobre el cumplimiento de requisitos, y posteriormente la ciudadanía tendrá la posibilidad de impugnar la selección de los candidatos. Finalmente, se dará paso a la sustentación del plan de trabajo y luego a la designación.

Frente a la reunión privada que mantuvieron los presidentes de la CNJ y la Asamblea Nacional, Iván y Virgilio Saquicela, junto al coordinador de la bancada Social Cristiana, Esteban Torres, Rafael Oyarte lamentó que «Ecuador es el país del escándalo« pues llaman la atención estas citas en medio de un proceso que buscaba retirar a los vocales de la Judicatura. «Torres se colorea ante la pregunta de la reunión» dijo Oyarte, «pero no nos escandalizamos cuando los representantes del CJ visitan a un juez para pedir que se falle a favor de Guadalupe Llori (expresidenta de la Asamblea) en nombre del Presidente de la República«, criticó.

Insistió en la necesidad de que el país se preocupe de las cuestiones importantes, como la situación por la que atraviesa la justicia, «donde te encuentras con gente que no está preparada; que no existe ni papel ni toner«. Con ello, expresó su deseo de que el próximo presidente de la Judicatura revierta esta situación en la que se encuentra desde hace tiempo atrás. Añadió que la crítica fase por la que atraviesa la Función Judicial no mejorará con el cambio de autoridades, sino con las sanciones pertinentes por parte de los entes de control cuando se detecten actos de corrupción.

Finalmente, Ulloa afirmó que las diferencias al interior del CPCCS siempre van a existir, pero se ha decidido por parte de los cuatro consejeros de mayoría «actuar con seriedad» en la designación de autoridades. Insistió en que la ciudadanía participe en el proceso de impugnación para garantizar que los elegidos en los cargos cumplan con transparencia las funciones para las que fueron elegidos.

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